Nunca antes la corrupción nos había golpeado tan fuerte. Nunca antes, las páginas de los diarios se habían llenado de fotografías de funcionarios públicos y autoridades, y mucho menos las portadas habían mostrado a un alcalde con el chaleco de detenido o con esposas en las muñecas. Sin embargo, hoy en día, estos hechos a pesar que causan sorpresa e indignación, van camino a convertirse en comunes, pues con la frecuencia con la que se presentan no sería raro que la población se vuelva indiferente y la pasividad con la que toman las cosas los condene haciéndolos cómplices de este tipo de hechos.

Autoridades inmersas en actos de corrupción y redes criminales dedicadas a saquear las arcas del Estado y los bolsillos de todos los ciudadanos que fiel y responsablemente pagan sus impuestos y tributos. Diez alcaldes en Lima, una alcaldesa electa en Piura y, porque no mencionarlo si es parte del escándalo y de la degradación de la clase política, dos candidatos a gobernadores acusados de violación, uno en Piura y el otro en Arequipa.

Lo lamentable o lo más grave, en el caso de los alcaldes involucrados en corrupción, es que no son capturados por hechos aislados, por una coima o por una sobrevaloración o negociación indebida por debajo de la mesa, son detenidos por ser miembros de una organización criminal, una red interconectada al interior y exterior de la comuna, dedicada a programar una serie de hechos con la única intención de desvalijar y apropiarse de los recursos públicos.

Es decir la mafia en los municipios se ha institucionalizado, y lo peor es que la lideran personajes que el propio pueblo eligió. ¿De quién es la culpa entonces? O es que la delincuencia, ya organizada, se ha propuesto acaparar los cargos públicos.

Karina Miranda

Karina Miranda