La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) vuelve a ser el centro de la controversia tras la ratificación de Manuel Castillo Venegas como su máximo representante.
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Su permanencia en el cargo, concretada tras la incorporación de Susana Paredes, representante del Concytec, al Consejo Directivo, ha generado fuertes cuestionamientos debido a sus presuntos vínculos con rectores universitarios y su respaldo a la controvertida Ley 31520.
¿Intento de politizar el control universitario?
La designación de Manuel Castillo como jefe de Sunedu en agosto de 2022 se produjo en un contexto de tensión. Tanto él como Manuel Hernández fueron seleccionados por un grupo reducido de rectores de universidades públicas, encabezados por Jeri Ramón, rectora de San Marcos. Este proceso se llevó a cabo poco después de la aprobación de la Ley 31520, una normativa que modificó de manera significativa la regulación de la educación superior en el país.
Desde su promulgación, la ley ha sido señalada como un intento de politizar el control universitario y debilitar los mecanismos de supervisión de la calidad educativa. Organismos académicos y especialistas han advertido que esta normativa favorece a grupos de poder dentro del sector universitario, restando independencia a las entidades encargadas de regular la educación superior.
Decisiones polémicas en la gestión de Castillo
Uno de los primeros actos de Manuel Castillo al frente de Sunedu generó una ola de críticas. En abril de 2023, facilitó el reconocimiento de Santos Montaño como rector de la Universidad Nacional de Piura, a pesar de que este era un ex cliente y amigo suyo. Meses después, Montaño se vio obligado a abandonar el cargo tras ser condenado por el Poder Judicial por actos de corrupción.
Otra de sus declaraciones más polémicas ocurrió en septiembre de 2023, cuando afirmó públicamente que confiaba en la “buena fe de las instituciones cuando creaban carreras sin control previo”.
Esta postura generó gran rechazo entre expertos en educación, quienes alertaron sobre el peligro de permitir la apertura de programas académicos sin una evaluación rigurosa de sus estándares de calidad.
El respaldo a la Ley 31520 y la eliminación de áreas clave en Sunedu
La ratificación de Castillo también estuvo acompañada de un gesto simbólico que avivó las críticas. En febrero de 2024, durante un evento protocolar, pidió aplausos para el congresista Esdras Medina y la rectora Jeri Ramón, ambos promotores de la Ley 31520. Este acto fue interpretado como una muestra de apoyo a una reforma que, según especialistas, ha debilitado la supervisión del sistema universitario.
Otro punto cuestionado de su gestión fue la reestructuración interna de Sunedu en mayo de 2024, que resultó en la eliminación de las direcciones de licenciamiento, supervisión y fiscalización. Estas funciones fueron absorbidas por la Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario, una decisión que fue formalizada en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Cabe señalar que esta reforma fue observada por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, pero dichas objeciones no fueron consideradas.
