La Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe que recomienda la inhabilitación por 10 años y la acusación constitucional contra el expresidente Francisco Sagasti, debido al retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en noviembre de 2020.
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Esta decisión también afecta a su exministro del Interior, José Elice, mientras que otro de sus exministros, Rubén Vargas, no pudo ser sancionado debido a su ausencia en el proceso.
Votación y respaldo a la acusación
El informe aprobado reúne tres denuncias constitucionales (285, 287 y 369) y fue respaldado con 18 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones en lo que respecta a la acusación constitucional. En cuanto a la inhabilitación, la votación obtuvo 22 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.
El documento también propone inhabilitar a José Elice por 10 años, mientras que la situación de Rubén Vargas quedó pendiente debido a su falta de comparecencia ante la comisión.
Decisión bajo cuestionamiento
La base de la acusación contra Sagasti, Vargas y Elice radica en el retiro de tres tenientes generales y 16 generales de la PNP durante el gobierno de transición de 2020. Esta decisión se produjo tras la vacancia de Martín Vizcarra y la breve presidencia de Manuel Merino, quien renunció en medio de protestas en las que murieron los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado.
El informe señala que el exmandatario y sus ministros habrían vulnerado los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Constitución, además de incurrir en abuso de autoridad y nombramiento ilegal en la administración pública. Según el congresista Jorge Montoya, quien sustentó el informe, la destitución de los altos mandos policiales generó un «perjuicio grave» para la institucionalidad de la PNP.
Reacciones y debate político
La decisión de la Comisión Permanente ha polarizado el debate político. Por un lado, quienes respaldan la acusación sostienen que los cambios en la Policía Nacional fueron arbitrarios y afectaron la estabilidad de la institución. Desde la otra perspectiva, los críticos argumentan que la medida responde a motivos políticos, buscando deslegitimar la gestión de Francisco Sagasti en un contexto de crisis nacional.
Posibles consecuencias para Sagasti y sus exministros
Si el Pleno del Congreso ratifica la acusación, Francisco Sagasti y José Elice quedarían inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos. Además, este caso podría sentar un precedente importante en la relación entre el Ejecutivo y la Policía Nacional, estableciendo límites más estrictos para futuras decisiones sobre el pase al retiro de oficiales de alto rango.
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