Una mujer desconocida se presentó en la ventanilla de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) en Surquillo, con documentos en mano, para solicitar el duplicado de ocho placas de rodaje. Esta gestión, inusual para una sola persona, fue realizada por Soledad Barazorda Gutiérrez, de 51 años, quien presentó cartas poder firmadas por los presuntos propietarios de los vehículos. Sin embargo, las autoridades sospecharon al ver las firmas y los sellos del notario Alfredo Zambrano Rodríguez en los documentos.

El 25 de agosto de 2021, la AAP alertó a la Policía Nacional del Perú sobre este posible fraude. Tras recibir el aviso, un equipo de la División de Robos de la PNP se apostó en las afueras de la sede, esperando a Barazorda. Cuando ella salió con las matrículas solicitadas, la detuvieron junto con Marco Antonio Napan Gómez, de 30 años, quien conducía una miniván roja. Napan, al ser sorprendido, arrojó su celular al suelo y lo pisó hasta destruirlo. En el vehículo se encontraron numerosos documentos, incluyendo registros vehiculares de la Sunarp, solicitudes de inscripción y copias de tarjetas de propiedad, utilizados para gestionar más duplicados.

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Las investigaciones apuntaron a que tanto Barazorda como Napan formaban parte de un esquema de falsificación de documentos, en el cual se obtenían placas de vehículos sin el conocimiento de sus verdaderos propietarios. Las organizaciones criminales, que operan en el robo, secuestro y extorsión, emplean estos duplicados de matrículas para despistar a las autoridades, usando vehículos con placas falsas. Tanto Barazorda como Napan fueron incluidos en una investigación por falsificación de documentos.

En el caso también se vio involucrado el notario Alfredo Zambrano, quien había legalizado 18 cartas poder utilizadas en el proceso de falsificación, según informes policiales a los que accedió Perú21.

El modus operandi

Poco después de ser liberado, Napan confesó a la Policía cómo operaba el grupo, detallando el rol de cada uno de los involucrados, incluidas dos trabajadoras de la Notaría Zambrano. El 26 de agosto de 2021, Napan explicó que recibía las solicitudes de personas no identificadas a través de Facebook, quienes le enviaban fotos de las matrículas a duplicar y copias de los DNI de los dueños. A cambio, cobraba S/200 por cada placa de rodaje duplicada.

El primer paso del proceso era presentar una denuncia por robo o pérdida de la matrícula. Según Napan, iba a la Comisaría de Santa Anita y presentaba la denuncia a la suboficial Olimpia Arenas García, quien no le cobraba por el servicio. Después, Napan pagaba S/30 a un hombre conocido como «Viejo» para legalizar las cartas poder. Más tarde, decidió ir a la Notaría Zambrano, donde conoció a dos trabajadoras, Giuliana Navarro y Joansy Olivares, quienes le legalizaban los documentos en solo 15 minutos, por un pago de S/15 por cada uno. Las cartas poder siempre llevaban el sello y la firma de Alfredo Zambrano.

El caso de la «clonación» de placas

José Retuerto Vargas denunció a Napan, Barazorda y Zambrano por la «clonación» de la placa de su moto Bajaj sin su consentimiento. Según Vargas, la banda criminal suplantó su identidad, falsificó su firma y huella dactilar, y solicitó el duplicado de su matrícula para ser utilizada en un vehículo robado. A pesar de las acusaciones, Zambrano negó su implicación en el caso, y argumentó que, según la Ley del Notariado, el notario no es responsable del contenido de los documentos que legaliza.

El abogado de Zambrano, Enrique Ghersi, defendió a su cliente, argumentando que el notario cumplió con el protocolo estipulado por la ley y no tenía la obligación de verificar la identidad de los involucrados de manera exhaustiva. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el notario debió haber realizado un control biométrico para verificar la autenticidad de las firmas y otros datos, lo que podría haber prevenido el fraude.

El proceso sigue en investigación, y se espera que en los próximos días se realice una audiencia donde se evaluará la solicitud de archivamiento presentada por la defensa de Zambrano.

Fuente: Perú 21