Nuestra época es extremadamente violenta. Todos los días alguien es asaltado, extorsionado, estafado o hasta asesinado. Debido a la magnitud de todo eso y a la frecuencia con que los crímenes ocurren, estamos tentados a pensar en cualquier solución extremista que, aunque suene bien y justa, podría traer inesperadas consecuencias, siempre malas.
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Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de la Policía, Óscar Arriola, está empujando la propuesta para instalar jueces sin rostro que juzguen a delincuentes pertenecientes a bandas de alto vuelto. La propuesta, así nomás, no parece descabellada. Hasta suena estratégica, pues podría pensarse que muchos magistrados no imparten justicia por el miedo a los hampones. Sin embargo, el Perú ya pasó por la etapa de los jueces sin rostro, entre los años 1992 y 1997, en la peor época del terrorismo y cuando esa parecía la única solución para enjaular a los asesinos senderistas y emerretistas.
El resultado, sin embargo, fue que de los 5,000 condenados, alrededor de 1,700 resultaron ser inocentes. El Estado peruano tuvo que indemnizarlos. Incluso terroristas probados han pretendido enjuiciar al Perú por ser sometidos a tribunales express y sin garantías. ¿Acaso queremos ver un día a los aprendices y émulos de “Cojo Mame” reclamando sus derechos humanos en La Corte Interamericana?
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Necesitamos medidas drásticas, pero que el hígado nunca le gane a la cabeza. Más penas, menos garantías y restitución de facultades a la Policía son la estrategia para limpiar las calles.
