Llevan diez años asentados en la zona, han pasado por los peores momentos, como los acaecidos el año pasado cuando las aguas del Niño Costero les destruyeron sus viviendas y sus calles se convirtieron en inmensas piscinas de aguas negras y putrefactas.

Poco a poco se levantaron y gracias a sus quejas y reclamos el Estado los escuchó construyéndoles hasta cien módulos que hoy ya fueron habitados, proyectándose 200 más para entregarse por etapas.

Sin embargo, de la noche a la mañana y cuando toda la zona luce en mejores condiciones, el supuesto dueño de las tierras, ha despertado su interés tras 10 años de permanecer en el anonimato y hoy con el aval del Juzgado Mixto de Castilla amenaza con desalojarlos. Lo que llama la atención también es que el Estado haya apoyado la instalación de módulos en una zona que no está legalmente saneada, pero que además según la comuna castellana, es un lugar de riesgo para ser habitado.

Ahora, el alcalde de Castilla, se lava las manos acusando al Ministerio de Vivienda de no haber coordinado la instalación de módulos en una zona no habitable. La pregunta es: ¿Cómo es que el Municipio no se enteró de esta decisión si fue una noticia pública?

¿No sucedió lo mismo con la construcción que se hizo a la ribera del río, donde después de que todo Piura fue testigo de dicha edificación la comuna no sabía nada? Esperemos que tanto el Ejecutivo, como los congresistas y las autoridades locales tomen atención de este problema, por el bien de esas 300 familias que podrían quedarse en la calle.

Karina Miranda

Karina Miranda