La minería ilegal en el Perú se ha convertido en una actividad sumamente lucrativa, incluso superando al narcotráfico en términos de ingresos ilícitos, según estudio.

Para contextualizar la problemática de la minería ilegal en el país, es importante destacar que se calcula que se extraen de manera no oficial y clandestina más de un millón de onzas de oro anualmente, lo que equivale a alrededor de 2 000 millones de dólares y representa casi el 1% del PBI. Esta actividad involucra a entre 400 mil y 500 mil individuos, según un estudio del Estado del año 2023.

En el 2022 la producción no formal, que incluye tanto la minería informal como la ilegal, representó el 39.3 % de la producción nacional de oro. Este porcentaje equivale aproximadamente a US$ 4 mil millones, lo cual subraya la magnitud de esta problemática y su impacto en la estabilidad económica del país, según el estudio titulado «Abordaje Integral de la Minería Informal e Ilegal en el Perú», realizado por V&C Analistas.

El valor anual de esta producción ilegal alcanza los S/ 23,760 millones de soles (aproximadamente US$ 6 mil millones), lo que representa una pérdida del 2.5 % del PBI nacional. Estos ingresos, generados en la clandestinidad, están asociados a redes de corrupción, asesinatos, explotación humana, devastación ambiental, contrabando y lavado de activos mediante empresas internacionales.

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Minería ilegal en Piura

En los últimos años, la actividad minera ilegal se ha intensificado en la región Piura, principalmente, en los distritos Tambogrande, Las Lomas (Piura), Suyo, Sapillica, Paimas (Ayabaca), Lancones (Sullana) y Huancabamba; esta actividad, es realizada en la actualidad por un aproximado de 10 mil mineros en la región, constituyendo una amenaza a la economía regional, la seguridad y la integridad territorial, así como al desarrollo del país, por sus efectos negativos en el medio ambiente y por propiciar otros ilícitos conexos.

Proliferación de minería ilegal en sectores cerca a frontera con Ecuador

Según data del 2023, en la región de Piura, el distrito Suyo, en Ayabaca, registra la mayor concentración de la minería artesanal, informal e ilegal.

Esta actividad se extiende a otros distritos próximos a la frontera como Las Lomas (Piura), Sapillica y Paimas (Ayabaca). Muchas de las zonas se encuentran en plena vía hacia Ecuador y otras como en Sapillica, se ubican cerca de las quebradas; gran parte del oro obtenido es comercializado en el Ecuador, por la cercanía y su gran demanda.

Rechazó en la zonas con mayor índice de minería ilegal

Germán Juárez Ramos, dirigente y presidente de la Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Tambogrande, señala que las áreas con mayor actividad minera no formalizada en su distrito incluyen Tejedores, Carrizalillo, Nuevo San Pedro y Santa Rosa de Yaranche. Según Juárez Ramos, estas actividades mineras no solo ponen en riesgo el medio ambiente, sino también la seguridad y el bienestar de las comunidades locales.

La población de estas zonas ha mostrado una actitud ambivalente respecto a la presencia de la minería. Mientras algunos ven en esta actividad una fuente de ingresos necesaria, otros denuncian los graves impactos sociales y ambientales que conlleva. La falta de regulación y control adecuado agrava esta situación, generando un ambiente propicio para la corrupción y la violencia.

Consecuencias de la minería ilegal en Piura y el papel de Estado

Los especialistas afirman que la minería ilegal, también está relacionada con otras actividades delictivas, como el contrabando, la trata de personas, la evasión fiscal y la precarización del trabajo,y la contaminación al ambiente. Además, incrementa inseguridad ya que organizaciones criminales de diferentes países buscan hegemonía territorial en estas zonas fronterizas con alta actividad minera.

En esa misma línea, durante una entrevista con el docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Piura, Ing. Alejandro Vásquez, refirió que si bien la minería brinda recursos y rentas al Estado, la ineficiencia de este no permite que esos ingresos se reflejan en obras y mejoras para la población de aquel territorio explotado y eso se debe a la mala gestión de las autoridades vigilantes.«El estado ha cometido constantes errores en su lucha contra la minería informal, como dar continuas prórrogas a los pequeños grupos de mineros, quienes continuamente están esperando la próxima oportunidad que les dará el Estado, mientras tanto no pagan impuestos, no asumen costos ambientales, costos en la comunidad y pues así no van a querer formalizarse nunca», señaló el docente.

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