El Tribunal Constitucional, lejos de hacer justicia, ha hecho una interpretación tan cerrada de la Constitución y de las leyes que nos ha puesto a merced de la corrupción, y a la Contraloría General de la República la ha atado de manos frente a diversos procesos que podrían ser impugnados por los funcionarios a quienes en un primer momento se les acusó de actos de corrupción en las instituciones públicas.

Este hecho revela dos cosas, la primera y principal es que habría un divorcio entre las instituciones encargadas de ejercer control y sancionar a todos aquellos que no respetan las normas; pero que sobre todo generan perjuicio económico al Estado.

Sino, cómo es que el Tribunal Constitucional y la Contraloría General se encuentran hoy en día enfrentadas por el fallo del primero, en el cual declara infundado el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría, es decir la Contraloría no puede inhabilitar o suspender por varios años a un exfuncionario acusado de corrupción, pues según el TC, las infracciones son demasiado genéricas y no se encuentran especificadas en la norma orgánica.

Y lo segundo es: ¿Para qué tenemos entonces una institución como la Contraloría, para qué un contralor y personal encargado de hacer las investigaciones, si finalmente este ente solo tendrá facultad para hacer un llamado de atención, observaciones y recomendaciones que a la largasi quieren se acogen y si no se desechan? ¿Gasto de plata y de tiempo solo por un formalismo? Son 130 exfuncionarios de Piura investigados por faltas administrativas, el TC ahora les da las herramientas para que más adelante estos procesos queden en nada.

Karina Miranda

Karina Miranda