La pandemia por el coronavirus ha servido para poner en evidencia, una vez más, que la corrupción es una lacra difícil de combatir. Y es que, en tiempos donde la solidaridad debía primar, sobre todo con los más necesitados; por el contrario, aprovechando la necesidad de los más pobres, muchas autoridades y funcionarios hicieron su ‘agosto’ con los recursos que destinó el Gobierno Central para atender a esas poblaciones, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Prueba de ello son los informes emitidos por la Contraloría General de la República, donde en el caso de la región Piura, de los 39 informes, diez están referidos a compras y convocatorias realizadas en el marco de la pandemia por el mortal virus. Es decir, compras irregularidades, cuyo costo ha significado incluso la muerte de decenas de pacientes y de personal médico y asistencial.
Y, es que como sabemos, muchos médicos, enfermeras y demás personal de los hospitales se contagiaron y murieron porque simplemente no tuvieron los equipos de protección personal a tiempo, y ello debido a que los encargados de efectuar las compras estaban pensando en sacar su ‘tajada’ como de costumbre. Igual sucedió con la compra de canastas de alimentos, que a pesar de que el dinero llegó a tiempo a los municipios, la distribución se hizo a destiempo y no a los verdaderos beneficiarios.
Bien lo ha dicho el contralor general Nelson Shack Yalta “la corrupción mata y más que el mismo virus”; una frase bastante fuerte, pero que lamentablemente no deja de ser cierta, pues se puede decir que el virus activó aún más los tentáculos de la corrupción en el sector público en esta pandemia.
De ahí que no basta con que la Contraloría dé a conocer los hallazgos e informes, se tiene que sancionar con mano dura a estas autoridades y funcionarios que no solo cometieron actos de corrupción, sino que fueron culpables de la pérdida de vidas humanas, atentaron contra la salud, algo que debe ser condenado y sancionado ejemplarmente.
