Finalmente y pese a todas las voces que reclamaban por la autonomía de la Sunedu como ente fiscalizador de las Universidades del Perú, el Congreso con 72 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones, devolvió el control de dichas instituciones a los rectores.

Tras la aprobación -por insistencia- de esta norma, se recompone el Consejo Directivo de la Sunedu, el cual pasaría a estar integrado por dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú. Lo más cuestionable ahora, es cómo se realizará la fiscalización de estas universidades y de qué manera afectará a la educación superior, pues prácticamente serán juez y parte, lo cual podría generar que decaiga la calidad y el nivel de educación en dichos entes académicos. Por otro lado, según el Ejecutivo, cuando observó la ley, esta nueva norma afectaría también económicamente a las universidades públicas que dejarían de percibir financiamiento adicional gestionado por el Ministerio de Educación.

Lamentablemente, al final se impuso el lobby, la mediocridad y los intereses de algunos congresistas que como bien sabemos siguen ligados a institutos y universidades que evidentemente se vieron afectados por las medidas estrictas aplicadas por la Sunedu cuando esta gozaba de sus plenas facultades. Ahora, esta decisión parlamentaria ha sido catalogada como un atentado a la educación, y un triunfo de los intereses privados. Los congresistas que votaron en contra pidieron disculpas a la juventud y al parecer presentarían una acción de inconstitucionalidad. Lo cual sería necesario y urgente.

 


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Karina Miranda

Karina Miranda