Marcaje, reglaje, robo agravado y hasta la muerte. Estos son los delitos por los cuales se les acusaría a los 15 detenidos y acusados de pertenecer a la organización criminal, “Los Despiadados de Talara”, una banda que supuestamente habría ocasionado la muerte de al menos tres personas en la ciudad petrolera.

Un ferretero, un bodeguero y un vigilante, serían las tres víctimas conocidas, y a quienes, solo por robarles, les habrían arrebatado la vida y con ello, habrían sepultado los sueños e ilusiones de sus familias.

Pero, la existencia de esta banda, y sobre todo su modus operandi no haría otra cosa que confirmar la falta de vigilancia y control que existe en los penales, puesto que estaría dirigida por delincuentes que purgan condena en prisión, y quienes no tienen mayores dificultades, para liderar a más de una o dos decenas de sujetos involucrados con el accionar delictivo.

El INPE, definitivamente tiene mucho qué responder sobre estas deficiencias; sin embargo, y a pesar que no es una novedad, hasta ahora este problema no se soluciona. ¿De qué sirve que la Policía haga su trabajo, que se le dote de equipos, camionetas o armas? O ¿dónde quedarán las extensas carpetas fiscales si a la hora de delinquir es lo mismo si están presos o libres?

El objetivo de hacer un buen trabajo en la captura de estos hampones es que poco a poco se vaya acabando la delincuencia o por lo menos haya un impacto importante en la reducción de crímenes o asaltos a mano armada, pero si en vez de eso solo se están disponiendo recursos del Estado para que las organizaciones criminales tengan sus ‘bunkers’ o centros de operaciones dentro de las cárceles, entonces no se está haciendo nada.