Es difícil estar de acuerdo con el Gobierno, pero el ministro de Defensa, Walter Astudillo, ha dicho algo que muchos suscribirían porque, lamentablemente, se ve a diario. “¿De qué sirve que nuestra Policía capture [delincuentes] si la Fiscalía no hace su trabajo?”.
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Años atrás se pensaba que entre la Policía y el Ministerio Público y la Corte había una especie de divorcio. Hoy no vemos tanto un abismo entre dos criterios, sino el resultado vivo del garantismo -esto es, la idea de que el criminal es, en el fondo, una víctima de la sociedad, y por ello las penas deben estar orientadas a ‘curar’ al sujeto y darle el calor de nido que nunca tuvo- que hace años se implementa aquí con nociones absurdas y irreales.
En efecto, los policías capturan a estos malandrines, pero siempre hay un juez conmovido por la historia del ladrozuelo; por su corazón que, desde un fondo escuro, clama su bondad. ¡Tremenda tontería! El olvido de la ley, de la decencia y la tendencia cínica de las autoridades a disfrazar a ladrones, marcas, secuestradores y sicarios en pobres personas con un destino chueco, nos ha llevado a esta situación en que la ciudadanía desconfía cada vez de las autoridades y, así como ocurrió hace unos días en el Vraem, esperan la oportunidad de ejercer la ley de Lynch y acabar con los malos elementos sociales por mano propia.
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El día que las autoridades y las leyes sean incapaces de disuadir a los individuos o a los pueblo de aplicar sus propio código penal no escrito, estaremos asistiendo a un fracaso descomunal.