El Ministerio Público debe reconocer que está haciendo mal las cosas. Que no está en sintonía con el plan de lucha contra la inseguridad y la delincuencia que hoy mantienen al país en zozobra, y es que no es solo el jefe de la región policial de Piura, Manuel Farías, quien cuestiona su labor, sino también el premier Gustavo Adrianzén.

El premier, en su reciente visita a Piura, afirmó que el MP no está respondiendo a sus obligaciones y responsabilidades.

Las fallas son múltiples y van desde el recurrente hecho de dar libertad a prontuariados delincuentes por el simple hecho de que no fueron capturados en flagrancia u otros argumentos y leguleyadas, hasta la indiferencia en la incorporación de fiscales a las unidades de flagrancia.

Estas unidades podrían agilizar los procesos e incluso emitir sentencias en menos de dos horas, de tal forma que los procesos contra los indeseables sean más efectivos y sumarios que le dé tranquilidad a la población que hoy vive a sobresaltos por los robos, extorsiones y crímenes por encargo.

Los problemas en el MP son múltiples como lo son también en la Policía; sin embargo, la suma de esfuerzos y con un MP comprometido daría buenos resultados.

Pero esto no se logrará mientras sigan las pugnas y celos de procedimientos entre policías y fiscales; mientras continúe la extorsión de malos funcionarios, pues el fantasma de la corrupción siempre ronda en todo acto legal.

La delincuencia no desaparecerá, de allí la necesidad imperativa de ser más eficientes y comprometidos contra un enemigo común que está generando muertes, pero también ahuyentando la inversión.