Un proyecto de ley que ha desatado polémica en el país es el propuesto por el congresista Juan Burgos (Podemos), en el que pide modificar el Código Penal para establecer penas severas, incluso hasta de cadena perpetúa, para menores a partir de los 16 años que estén comprometidos en delitos como extorsión, sicariato, robo agravado, conspiración o que estén inmersos en bandas criminales, entre otros.

Esta ley aparece justo cuando en el país se ha detectado que cada vez son más los menores de edad, incluso de 14 años, involucrados en diversos delitos o conformando bandas de delincuentes. Solo en Piura, en lo que va del año, se ha detenido a más de 200 menores, algunos con armas de fuego, cometiendo diversos delitos que van desde la extorsión hasta el sicariato.

Para algunos juristas, los menores de edad son víctimas o instrumentos de los delincuentes que los utilizan -amparados en su inimputabilidad-, para cometer delitos, por lo tanto, se debe ser más severos con las personas que utilizan a los menores. Para otros, los menores son conscientes y saben que están cometiendo un delito.

En EE.UU. y Europa los menores son imputables, es decir, sujetos de penas severas.

La pregunta de rigor, si se aprueba en una segunda votación esta norma, es; ¿y dónde irán a cumplir su condena los menores? En el país faltan cárceles y es conocido el hacinamiento que sufren los internos, por tanto, lo primero que deben preocuparse es en contar con más penales.