Los teléfonos celulares, convertidos hoy en la pertenencia más importante y suntuosa de las personas (algunos están valorizados en más de S/ 7 mil), son el objetivo principal de los ladrones.

Por un celular asesinan a inocentes y dejan graves a muchos más.

Este aparatito impulsó la creación de prósperos negocios de compra y venta de celulares robados, así como de expertos en tecnología del mal encargados de desbloquear y crear nuevos IMEI para “limpiarlos”. Este fértil negocio se cierra con un codicioso mercado de compradores que no escatima gasto y menos siente remordimiento por participar de un negocio ilícito y manchado de sangre.

Y a pesar que decenas de personas han sido asesinadas, los organismos de control, encargados de bloquear los teléfonos robados, se ha dormido. Recién Osiptel ha puesto fecha, el 22 de abril, para bloquearlos de manera inmediata. Antes se hacía después de 24 horas y hoy se promete hacerlo conforme ingrese la denuncia de robo.

Lo irónico es que, a pesar de tener la tecnología necesaria para anular estos aparatos, no se ha hecho uso de ella con efectividad dejando que este ilícito negocio prospere a niveles alarmantes.

Igual sucede con los extorsionadores. Se sabe y comprobado por la cantidad de teléfonos incautados y las listas de víctimas encontradas en los penales que es desde allí donde sale el 90% de extorsiones. Pese a esta evidencia, el Gobierno no hace uso de la tecnología para anular las actividades de estos delincuentes. Se sabe que es posible interferir y bloquear teléfonos y llamadas que salen de los penales, pero no se hace nada.