La decisión que ha tomado el futbolista mediático de la selección peruana, Paolo Guerrero, de rescindir contrato con la UCV y no jugar en el Perú, es la que están asumiendo muchas empresas privadas y empresarios peruanos en el país: no invertir, no jugar ni aparecerse por ninguna región donde el crimen organizado y la extorsión reina.
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“Preocupa que el gobierno siga con las “emergencias” como única estrategia contra el hampa…”
Trujillo es un ejemplo del daño que la delincuencia hace a una región. Allí la minería informal (que también la tiene Piura en Suyo y Las Lomas) no solo contaminando, sino que genera un sórdido submundo delincuencial donde la extorsión es la herramienta del terror; mientras la trata de personas y el sicariato elementos de apoyo para obtener dinero fácil y acallar a los traidores.
Preocupa que el gobierno siga con las “emergencias” como única estrategia para enfrentar al hampa, cuando se requiere de una restructuración integral del ministerio del Interior; la Policía y el sistema judicial.
La tarea no es solo capturar y desarticular bandas, si no hay penales dónde recluir a los delincuentes e infractores. Igual, no hay garantía de buena justicia si los jueces y fiscales o algún miembro de sus familias (ahora hasta los policías son asesinados) tienen miedo de morir baleados tras las amenazas que reciben del crimen organizado.
Combatir la delincuencia es un trabajo transversal que requiere de autoridad y decisión política, porque los delincuentes no solo privan de la vida a muchos peruanos o les quita sus pertenencias, ahorros y negocios, sino que atenta contra la inversión, el empleo y el desarrollo mismo del país.
