El asesinato a balazos de 68 personas en la región es una cifra inquietante que debería poner a trabajar a la Policía, pues, de estos crímenes, 44 fueron cometidos por sicarios, mientras que el 80% de las víctimas tenían antecedentes o formaban parte de alguna organización criminal.

Lo evidente con esta racha de asesinatos es que las bandas de extorsionadores -que exigen cupos y el “diezmo” por las obras públicas que se ejecutan en la región-, están muy activas y en constante guerra interna entre ellos por el dominio de territorios o el predominio en las extorsiones y chalequeos a los empresarios de la construcción que, a falta de seguridad y efectividad policial, están obligados a pagar bajo amenaza de muerte o paralización de la obra.

El resultado de estos cruentos enfrentamientos entre bandas no solo termina con la desaparición o la salida del juego de un delincuente, como muchos piensa; el problema va más allá y deja en evidencia que la delincuencia y la extorsión sigue tan activa como siempre, drenando los recursos de las obras públicas, lo que afecta su calidad y las consecuencias las pagan todos los contribuyentes, al tener proyectos fusibles y sin la calidad que se requiere, o en el peor de los casos la paralización de la misma porque se hace imposible cubrir las demandas de los indeseables extorsionadores.

A más muertes y violencia por el predominio de la extorsión, más indicios de las operaciones ilegales de estas bandas organizadas, algunas camufladas bajo la denominación de falsos sindicatos de construcción civil.