Hay una guerra en las calles y las autoridades parece haber llegado al límite de su capacidad para contener los crímenes por encargo, las extorsiones que ahora se han convertido en actos terroristas, el “marcaje” y los robos comunes de los que día a día damos cuenta en nuestras páginas. 

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Sin embargo, sin darle demasiadas vueltas al asunto, la solución no solo está en aumentar la dotación policial o en sacar militares a las calles. Todo ello suena bonito, pero ya se ha intentado y no funcionará si es que no se reforma profundamente nuestro sistema judicial y penal. ¡Basta de creer que los derechos de los delincuentes son superiores a los de los ciudadanos que día a día se esfuerzan para alimentar y sacar adelante a sus familias! ¡Basta de tener miedo a los países que sermonean al Perú y le impiden hacer justicia a los trabajadores, agricultores y ciudadanos que deben convivir en medio de un fuego cruzado! 

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Necesitamos que los hampones en sus muchas variantes -sicarios, proxenetas, extorsionadores, estafadores, carteristas, violadores, etc.- sientan el real peso de las consecuencias de sus actos. La Policía hace su parte, ¿pero qué pasa cuando ciertos vacíos legales, ciertas jugadas maestras de algunos zorros del derecho, terminan devolviendo a las calles a estos indeseables? En Alabama (Estados Unidos), hace tres días, fue condenado a muerte un sicario. Kenneth Eugene Smith recibió gas nitrógeno luego de un largo caso por el asesinato de una mujer a la que golpeó y apuñaló. Antes de morir, Smith dijo que la condena era “cruel”.