Las extorsiones, como estrategia eficiente para obtener dinero fácil a base del terror y el miedo, se han convertido en la mejor herramienta de las organizaciones delictivas. Extorsionan a los empresarios de la construcción; a transportistas, al comerciante y hasta al bodeguero. Cualquier ciudadana que dé signos de tener algunos soles en base a su emprendimiento o trabajo, se convierte en el blanco de estos sujetos indeseables. Pero la extorsión no se limita a enviar mensajes amenazadores a través de notas escritas con balas o vulgares mensajes telefónicos. La forma más perversa que han encontrado estos malandrines es explotar petardos de dinamita en las casas de los empresarios o al interior de los negocios.
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En otros casos, lanzan ráfagas de balas sobre las viviendas sin importarles la vida de niños, mujeres o ancianos, su único objetivo es causar terror para obligar a pagarles cupos.
Este tipo de ilícitas actividades se les conoce como “terrorismo urbano”, un término que se intenta imponer en el país para así lograr que las penas sobre los “extorsionadores terroristas” sean más drásticas: 25 años, cómo mínimo. Hasta aquí hay consenso en que la iniciativa se lleve al Congreso y que éste pueda legislar en materia de seguridad ciudadana.
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Sin embargo, para algunos juristas, el endurecer las penas no tiene efecto disuasivo inmediato, es decir, no se garantiza que se reduzcan las extorsiones. En este caso, es necesario cortarle la cabeza a la serpiente y eso pasa por desarticular a las bandas organizadas. En la medida que se detenga y sancione a los extorsionadores, las penas podrían ser más eficientes.