Lo que ha pasado en el Perú no puede volver a repetirse, dos jóvenes muertos por una represión abusiva de la Policía y más de 20 desaparecidos, quienes probablemente estén siendo investigados o
interrogados en establecimientos secretos de Seguridad del Estado como una forma de amedrentar a la multitudinaria movilización que protagonizaron estos últimos días miles de jóvenes, que de alguna manera trataron de subsanar su indiferencia a la política con el rechazo al inconstitucional procedimiento del Congreso.
La nota patética, un presidente como Manuel Merino que solo mantuvo la banda por menos de una semana, y que desde el principio fue rechazado, no solo por los jóvenes, sino por todos aquellos que de una u otra manera apoyaron la protesta, desde sus casas, con publicaciones o con el famoso cacerolazo.
Es decir, si bien la mayoría de los manifestantes eran jóvenes, éstos también contaban con el apoyo de sus padres, de instituciones democráticas y de algunos expolíticos y demócratas que de una u otra manera se sumaron a las marchas.
Solo bastó cinco días para que el Congreso retrocediera y se diera cuenta que la pataleta armada, no era la que estaba en las calles por parte de los manifestantes, como algunos quisieron hacer ver en sus artículos, la pataleta estuvo en el Congreso, el día que de manera irracional se votó -con una negociación anticipada- por la vacancia de Martín Vizcarra, un presidente que si bien es cierto tiene muchos líos por responder a la Justicia, la mayoría concuerda en que no era el momento de pasarle factura, pues estaba en riesgo la estabilidad del país.
Dicho y hecho, esta inestabilidad no es producto de la respuesta en las calles, esta inestabilidad es producto de un Congreso que quiso ejercer su poder de manera autoritaria, quiso blindarse ante la cantidad de procesos pendientes que tienen en investigación.
Que quiso tomar el Tribunal Constitucional y aprobar proyectos populistas y otros que solo benefician a los mismos parlamentarios. Por todo ello, quien debe responder por las muertes de estos jóvenes es el Congreso de la República, Manuel Merino -que quiso a toda costa quedarse en el cargo-, su primer ministro y su Ministro del Interior. Y esperemos que esta vez el Ministerio Público no se haga de la vista gorda.