El crecimiento alarmante de las extorsiones y su método de terror será castigado severamente bajo el delito de “terrorismo urbano”. Por lo menos hay consenso entre legisladores, autoridades y la población, porque lo que hoy intentan implantar los delincuentes como método efectivo para obtener dinero es, precisamente, terrorismo urbano. 

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“…además de la norma que endurece las penas, la estrategia adicional es desbaratar las bandas organizadas…”

 El congresista Juan Burgos dio el primer paso presentando un proyecto de ley al Congreso para incorporar en el Código Penal este delito que sanciona con hasta 30 años de prisión a quienes provoquen el terror, inseguridad o generen la muerte de personas por el uso de armas de fuego, explosivos u otro método.                        

La medida para algunos ciudadanos es importante, pero debe aprobarse cuanto antes. Sin embargo, algunos juristas opinan que por sí sola la ley no es del todo disuasiva, porque el hampa -a pesar de las drásticas condenas- seguirá operando bajo el amparo de que no será descubierta o que puede sacarle la vuelta a la ley. Por lo tanto, además de la norma que endurece las penas, la estrategia adicional es desbaratar a las bandas organizadas dedicadas a este delito.                                  

Y para eso se requiere de mayor control en los penales de donde sale el 75% de las llamadas extorsivas. En segundo lugar, organizar un equipo especial que logre ubicar y desarticular a estas organizaciones para que sientan que sus delitos no quedarán impunes. Una tercera estrategia es designar a los jueces sin rostros para que muchos de esos delincuentes no tengan tiempo de amenazar a los juristas y, por consiguiente, lograr penas benignas o la libertad, como está ocurriendo hoy.