El ataque y emboscada que sufrió un patrullero policial en Puno, refleja claramente la situación a la que se exponen las fuerzas del orden y lo que puede llegar a pasar si finalmente, por evitar un lío legal, dejan de usar su arma de reglamento.
Fueron tres los policías que fueron atrapados por los revoltosos en Puno, uno logró escapar, el otro también fugó, pero casi a unas cuadras del lugar de la emboscada, fue atacado a golpes encontrándose hoy en día, internado en una clínica de la localidad. Sin embargo, el suboficial José Luis Soncco, natural del Cusco, no corrió la misma suerte.
El agente murió calcinado, luego de recibir una bala casi mortal que lo dejó agonizando en el lugar, donde estos mismos delincuentes, le rociaron combustible y le prendieron fuego.
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Y aunque la escena tenga todos los elementos de un hecho cruel e inhumano, lo cierto es que no debería sorprender, pues según un informe policial citado por diario El Comercio, en la Asamblea Macrosur, realizada a fines de diciembre del 2022, los dirigentes propulsores del paro, acordaron ajusticiar a los policías que fueran capturados, sobre todo si habían bajas civiles.
Tampoco es de extrañar este tipo de acuerdos radicales, puesto que algunos de los líderes que encabezan estas movilizaciones, tienen denuncias en Fiscalía por daños, disturbios, secuestros, coacción, entre otros.
Y es más, hasta un minero ilegal ha sido identificado como el encargado de comandar movilizaciones en Madre de Dios, con dinero que exige a otros mineros de la zona. Estos personajes, son los que deberían ser investigados, detenidos y condenados, por la barbarie que hoy se vive en Puno, pues con reclamos descabellados como la liberación de Pedro Castillo, pretenden justificar su accionar delictivo. ¡Vaya amistades y defensores del expresidente!
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