Bajo un clima de tensión, un sector de comuneros de la provincia de Sechura, espera la decisión de la jueza Rocío Flores Espinoza, quien definirá la situación legal del presidente de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, Hernan Espinoza Ayala, la jefa de personal, Nancy Colmenares y el administrador de la mina de sal, César Augusto Sandoval, por el crimen del comunero Joel Franklin Pazo Tume, en una audiencia de prisión preventiva a llevarse a cabo en el Juzgado Mixto con Funciones de Investigación Preparatoria.
DESDE LA MEDIANOCHE
Desde la cero horas, la facción de la Junta Transitoria, liderada por Henry Zavaleta Amaya, anunció la realización de un paro provincial, aduciendo exigir justicia a favor del comunero asesinado. Este anuncio hace prever un clima de tensión, en donde agentes policiales estarán alertas ante cualquier intento de alteración del orden público.
La convocatoria tiene como punto central de concretación, el puente de ingreso a la provincia y no se descarta un nueva toma de dicha estructura. El pedido central de los comuneros es que la jueza declare procedente, el pedido de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público en Sechura.
LOS INVESTIGAN
Los dirigentes comunales involucrados en el caso, son investigados como parte de una presunta organización criminal y de la alteración de la tranquilidad pública, por lo que se verá si existen los elementos de convicción necesarios, para declarar procedente la solicitud que ha presentado el Ministerio Público.
DE MANERA VIRTUAL
La audiencia en la que se definirá la situación legal de los comuneros denunciados, se llevará a cabo de manera virtual.
Asimismo, no solo el caso del comunero Joel Franklin Pazo Tume, exige justicia, también la familia del comunero, Alberto Litano Elías, espera que el Ministerio Público en Sechura y la Policía, hagan su trabajo, esperando la captura del presunto responsable de su muerte, Arnold Lenin Burgos Tello, ya que incluso se ha dispuesto su búsqueda a nivel nacional y que el caso no quede en el olvido y abandono por parte de las autoridades pertinentes, como ha ocurrido en otros casos, en donde no se ha encontrado justicia con el paso de los años.