El juicio oral contra Ollanta Humala y Nadine Heredia está a un paso, pero va tomando al juez Richard Concepción más del tiempo esperado para que se concrete.
En diciembre anunció que la acusación contra la expareja presidencial había superado “el control sustancial” y por eso confirmó que el exmandatario y su cónyuge irían al banquillo de los acusados.
No obstante, de aquella vez hasta ahora ya han transcurrido dos meses y aún se desconoce la fecha en la que este proceso llegará a su etapa final.
Ayer, tras culminar la primera sesión de análisis de las pruebas, Concepción programó para el lunes 9 de marzo la continuación de la audiencia, y fijó las fechas 11 y 13 del mismo mes para concluir con esta fase.
En otras palabras, el inicio del juicio en el que se definirá si Humala y Heredia son culpables del delito de lavado de activos, por recibir presuntos aportes ilícitos para sus campañas de 2006 y 2011, aún tiene para un buen rato más.
PRUEBAS DEL FISCAL
El fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, defendió ayer en la audiencia las pruebas que sustentan la investigación que le demandó más de cuatro años de trabajo.
Su hipótesis es que el matrimonio Humala recibió más de US$130 mil ilícitos del gobierno venezolano para su candidatura del 2006, y US$3 millones ilegales para la del 2011, año en el que finalmente alcanzó la Presidencia.
Su indagación también concluye que ambos se quedaron con parte del dinero que recibieron de manera clandestina y que no declararon ante la ONPE.
Por eso, durante la diligencia, el fiscal Juárez aclaró que, de acuerdo a los resultados de la pericia patrimonial a la que fue sometida la exprimera dama, en el periodo 2005-2016, se le registró un desbalance de S/1’231,195.
Juárez precisó que los ingresos de Heredia en ese mismo lapso de tiempo, según la pericia, ascendieron a S/1’439,865; mientras que los gastos personales sumaron S/2’671,060. El análisis arrojó esas cifras, explicó el fiscal, luego de que los peritos levantaran las observaciones efectuadas por la defensa.
“Se acredita un desbalance patrimonial y que ese incremento no tiene un origen lícito”, manifestó ante el juez.
