La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia contundente a los alcaldes del país: el uso de recursos públicos para actividades de carácter proselitista o político está prohibido y puede derivar en sanciones administrativas y penales.
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Esta declaración busca garantizar que los fondos municipales se destinen exclusivamente al beneficio de la gestión pública y la ciudadanía.
Marco legal y consecuencias
El vocero de la Contraloría, Juan José Díaz Guevara, explicó que el Sistema Nacional de Presupuesto Público establece que los recursos deben utilizarse dentro del marco de la legalidad y para fines que beneficien a la población.
“El uso de dinero público con fines políticos podría tipificarse como malversación de fondos”, señaló en declaraciones a RCR Red de Comunicación Regional.
Díaz Guevara advirtió que, en caso de detectarse irregularidades, la Contraloría elaborará un informe que será remitido al Ministerio Público para iniciar las acciones legales correspondientes.
“Los alcaldes que incurran en malversación de recursos pueden ser inhabilitados de sus funciones y sometidos a procesos judiciales”, agregó.
Llamado a la transparencia
La Contraloría hizo un llamado a los gobiernos locales para que garanticen un manejo transparente y responsable del presupuesto municipal. Asimismo, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que afecte la correcta administración de los recursos públicos.
Esta advertencia se produce en respuesta a consultas sobre solicitudes de financiamiento para protestas por parte de frentes de defensa y comités de lucha, actividades que no están alineadas con las funciones municipales.
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