Diez internos han perdido la vida y las condiciones de salud no mejoran en el reclusorio de Piura, según Defensoría del Pueblo.
El alto riesgo sanitario para más de 4 mil reclusos se mantiene en del Centro Penal de la región, advierte Defensoría del Pueblo.
“En estos momentos, la situación sanitaria del penal de Piura es de altísima vulnerabilidad, ya se ha pedido que se atienda con urgencia (este centro). Son aproximamente 4.500 personas que hay ahí y no cuentan con las mínimas condiciones de salud. Solo hay dos médicos en el turno de la mañana y cuatro enfermeras. En la tarde y en la noche ya no hay ningún médico”, alertó el encargado de la oficina Defensorial en Piura, César Orrego Azula.
Se necesita seis médicos y seis asistentes para atender a 4.029 internos, al personal de INPE y policías.
Hasta ahora son diez los internos fallecidos por COVID-19 en lo que va de la emergencia.
De otro lado, Orrego Azula aclaró que que de acuerdo a un informe del INPE-Piura, “aún está por definirse (oficialmente) con los respectivos certificados médicos si el deceso de estas personas han sido a causas del COVID-19. Recordó que hasta el 12 de mayo, 52 internos se encontraban en sala de aislamiento, acondicionada en el auditorio para pacientes con el virus.
Penal de mujeres
Aunque hasta ahora no se ha confirmado ningún caso de coronavirus en el penal de Mujeres de Sullana, César Orrego informó que la situación en este centro de reclusión también es preocupante.
“Son 139 internas, también hay siete niños menores de tres años, ellos tienencero balones de oxigeno, carecen de pruebas rápidas, no hay medicamentos, tampoco cuentan con ningún médico, es preocupante”, aseveró la autoridad.
La Defensoría del Pueblo ha solicitado mediante pronunciamientos públicos que se atienda a todos los penales a nivel nacional, debido al alto riesgo de contagio producto del hacinamiento, a lo que se suma la carencia de oxígeno, medicamentos, insumos y de médicos.
Queja de abogado
Mario Rentería Sánchez, abogado del exdirector de la Ugel de Ayabaca, Guido Rafael Morocho Troncos, quien falleció el pasado 1 de mayo en el interior del penal de Piura -donde permenecía recluido por supuesto delito de peculado-, mostró su desacuerdo con el sistema de justicia por el excesivo uso de la prisión preventiva contra su defendido.
“El Ministerio Público presentó el requerimiento de prolongación de prisión preventiva por 18 meses más contra Morocho, aún siendo consciente (el fiscal) del hacinamiento en las cárceles del Perú, además por la emergencia nacional. A la defensa se le denegó el cese de prisión preventiva cuando estaba por cumplirse los primeros 18 meses (de esta medida)”, dijo Rentería.