En lo que va del año, la región Piura ha sido testigo de una alarmante cantidad de irregularidades en el sector público. Según la Contraloría General de la República, 136 funcionarios enfrentan la presunción de responsabilidad penal, civil y administrativa debido a diversos actos indebidos detectados en entidades gubernamentales.
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Presuntas irregularidades destapan responsabilidades en la región Piura
Estas revelaciones ponen de manifiesto la necesidad urgente de abordar la corrupción en la región Piura.
El 35 % de las situaciones adversas identificadas no han sido corregidas por las entidades públicas correspondientes, y en el 37 % de los casos no se han tomado medidas para enmendar la situación.
Solo el 27 % de las situaciones adversas han sido resueltas o se encuentran en proceso de solución.
Control deficiente: más de un tercio de situaciones adversas sin resolver
La gerente regional de Control, Mariela Huerta Vereau, presentó recientemente los resultados de la fiscalización realizada durante el segundo cuatrimestre de 2023, dejando al descubierto la gravedad de la situación. De los 1292 informes de control emitidos este año, más de 1000 corresponden a control simultáneo y posterior.
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Fiscalización intensiva: Agenda de Control para Piura en marcha
Para enfrentar esta problemática, la Contraloría ha priorizado la realización de servicios de control concurrente y la gestión de riesgos de desastres, especialmente en vista de un posible fenómeno de El Niño. Los equipos de auditores trabajan arduamente en obras y servicios, incluyendo la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, para reducir las vulnerabilidades ante el periodo lluvioso.
La lucha contra la corrupción continuará en los próximos meses, con auditorías de cumplimiento programadas para varias instituciones públicas, como la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y las municipalidades distritales de Castilla, La Unión y Máncora. Además, se mantendrá el control simultáneo en obras y servicios, con el objetivo de alertar oportunamente sobre situaciones adversas y garantizar el buen uso de los recursos públicos.