Un total de tres millones de euros que fueron pagados por Odebrecht a funcionarios y testaferros durante el segundo gobierno de Alan García permanecen congelados en diversas cuentas dentro del Principado de Andorra, según informó El País.
La jueza Stephanie García ordenó en marzo que se congelen en total unas 30 cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA) y una cuenta en Credit Andorra por un saldo total de 52,2 millones de euros.
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Todo este dinero pertenece a exdirigentes, antiguos empleados públicos y testaferros que recibieron dinero de Odebrecht a cambio de adjudicar obras públicas a la constructora brasileña de manera ilícita.
De todo este dinero, 3 millones de euros (2,9 millones de dólares) están en seis cuentas vinculadas a exaltos funcionarios y empresarios que operaron durante el segundo gobierno de Alan García, entre el 2006 y 2011, y una séptima cuenta vinculada a Gabriel Prado, exfuncionario de la gestión de Susana Villarán.
El mayor monto congelado en Andorra corresponde a Horacio Cánepa Torres, abogado que depositó en la cuenta de la sociedad Maxcrane Finance los pagos de Odebrecht para luego desviar parte de la fortuna a una offshore en Nueva York y Hong Kong. En la cuenta de BPA permanecen embargados 1,2 millones de euros.
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