El uso irregular de vehículos y locales municipales para apoyar a manifestantes que bloquearon la vía Piura-Chulucanas, o para permitir reuniones de tipo político, ha puesto en la mira a dos alcaldes de la región.

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Es el caso del alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Febre Calle, luego de detectarse que una camioneta de la comuna sirvió para llevar agua y movilizar a los ronderos que bloquearon el óvalo de la carretera Interoceánica el pasado lunes 13 de febrero.

Según el abogado penalista de la UDEP, Percy García Cavero, la autoridad puede ser investigada por el presunto delito de peculado de uso.

“Obviamente, lo de la camioneta es un uso indebido y se estaría configurando un delito de peculado de uso, que es cuando los bienes, en este caso los vehículos, son utilizados para fines distintos a la entidad a la que están asignados. El trasladar insumos o personas referidos a una marcha que no tiene ningún tipo de vinculación con la municipalidad, evidentemente señala que habrían indicios relevantes de la comisión de un delito”, anotó.

El especialista agrega que el alcalde podría ser incluido en la investigación de dos maneras.

“El alcalde puede responder de dos formas. Por acción, si es él quien ordena que la camioneta se disponga para esos fines o por omisión, es decir, siendo conocido que el vehículo se está usando para fines que no son propios de la municipalidad, se hace de la vista gorda. Tanto por acción o por omisión, podría responder por este delito”, afirmó el abogado.

Por este presunto delito de peculado de uso, el Código Penal establece una pena de dos a cuatro años de pena privativa e inhabilitación para el ejercicio del cargo o función pública.

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¿Sería cómplice?

De otro lado, García explica que la actuación de la autoridad también debería evaluarse por su nivel de complicidad con el bloqueo.

“Si es que se han producido disturbios o bloqueos que configurarían delito, podría ser esto un indicio de que hay una colaboración, es decir, sería cómplice de los delitos de los manifestantes, si es que el alcalde le facilita los instrumentos para la realización de estos delitos. El alcalde o los funcionarios al facilitarle los vehículos, lo que estarían haciendo es facilitarle la comisión de delitos”, afirmó.

Caso de Ayabaca

De otro lado, la asociación civil Vigilia Ciudadana denunció que en Ayabaca se permitió el uso de local municipal para la organización de una asamblea de tipo político y con la participación de la excandidata presidencial, Verónica Mendoza.

Se refiere a lo sucedido el pasado 22 de enero, cuando se utilizó el coliseo de gallos para la organización de la actividad “Asamblea Regional Constituyente”.

“[Se] realizó una reunión de carácter político en un local de propiedad municipal que no solo paga sus servicios con dinero público sino que además y, en teoría, debería generar rentas a la municipalidad provincial”, comentó un vocero de Vigilia Ciudadana.

De acuerdo a la denuncia de la asociación civil, la reunión en el local municipal tuvo una clara intención política.

“[De] azuzar a la población de la zona para que exija la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elecciones inmediatas y una asamblea constituyente; reivindicaciones de la izquierda radical peruana en cuyo apoyo se han producido actos de vandalismo, bloqueos de carreteras, alteración del orden público”, publicó la asociación en sus redes.

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