La actividad de minería ilegal en la zona norte del país es una preocupación latente para los pobladores que ven, no sólo invadidas las principales zonas de cultivo, sino que consideran que el avance de la minería informal representa un grave riesgo para el ecosistema y fuentes de agua locales.
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En el marco del Estado de Emergencia en la que aún se encuentra la población del departamento de Piura, por peligro inminente ante déficit hídrico, la minería artesanal e ilegal se ha convertido en un detonante para la población, sin que tenga el mayor control por parte de las autoridades regionales y funcionarios del estado.
Mediante una entrevista a los medios locales, el Ing. Alejandro Vásquez, refirió que si bien la minería brinda recursos y rentas al Estado, la ineficiencia de este no permite que esos ingresos se reflejen en obras y mejoras para la población de aquel territorio explotado y eso se debe a la mala gestión de las autoridades vigilantes.
“El estado ha cometido constantes errores en su lucha contra la minería informal, como dar continuas prórrogas a los pequeños grupos de mineros, quienes continuamente están esperando la próxima oportunidad que les dará el Estado, mientras tanto no pagan impuestos, no asumen costos ambientales, costos en la comunidad y pues así no van a querer formalizarse nunca», señaló el docente.
Incluso, hoy los mineros informales —e ilegales— no están satisfechos con la ampliación, por seis meses, lograda el año pasado, sino ahora buscan que la Comisión de Energía y Minas del Congreso recoja sus propuestas, en audiencias públicas, y las incluya en el dictamen del proyecto de Ley para la Formalización de la Pequeña Escala y Minería Artesanal (Ley MAPE), impulsado por el Ejecutivo y que debería reemplazar al Reinfo.
Y es que según Ismael Palomino, coordinador general de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), han presentado cinco propuestas a la comisión del Congreso para que sean incluidas en el dictamen de la Ley MAPE. Tres de ellas, en la práctica, impedirían el proceso de formalización.
Incluso en la II Audiencia Descentralizada de la Comisión, el presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), Celso Cajachagua, dijo que si la ley no se discute con el pueblo saldrá mal.
“Nosotros queremos aportar propuestas que hemos trabajado y esperamos un avance”.
Según, el actual presidente del frente de Defensa de Tambogrande Gian Franco Mendoza, la minería ya sea ilegal afectan gravemente la actividad económica prevalente en el alto Piura: la Agricultura. Según el dirigente, la afectación principal se da en el reservorio de San Lorenzo, el cuál abastece a la mayoría de agricultores y sirve para el consumo y uso de toda la población en general.
«La minería ilegal afecta las cuencas hidrográficas no solo en Tambogrande si no en toda la región. En Tambogrande estamos en contra de esta ilícita actividad porque sabemos que los mineros utilizan metales pesados para hacer el proceso de la separación de los metales preciosos que hayan, como el oro y la plata. Lo hacen sin ninguna precaución, sin ninguna medida de seguridad”, señaló Mendoza.
