El Poder Judicial dictó una condena de 8 años de prisión efectiva contra el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Paita, Enrique Silva Zapata, y los exfuncionarios Joe Villegas y Carlos Puruguay.
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Los tres fueron hallados culpables del delito de peculado doloso por apropiación agravada, tras haberse apropiado de fondos municipales mediante maniobras fraudulentas.
Paita: Exautoridades condenadas por peculado
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de Piura presentó pruebas contundentes durante el juicio que demostraron que, entre enero de 2019 y mayo de 2022, los condenados sustrajeron 372,977.97 soles a través de la anulación fraudulenta de recibos de pago de tributos municipales. Este desfalco representó un grave perjuicio económico para la municipalidad y afectó los fondos destinados a obras y servicios en la provincia.
Además de las penas de cárcel para el exalcalde y los exfuncionarios mencionados, el juzgado también impuso una condena de 7 años de prisión suspendida, con un periodo de prueba de cinco años, para Kevin Vallejos y Beyzaida Aguirre, quienes participaron en el mismo esquema de corrupción.
Inhabilitación y sanciones adicionales
Durante la audiencia de adelanto de fallo, en presencia de todas las partes procesales, el juzgado dispuso que los sentenciados queden inhabilitados para ejercer cargos públicos y cumplan con el pago de días multa como parte de la sanción impuesta.
Por su parte, el Ministerio Público reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción y la defensa de los recursos públicos, asegurando que se continuará con las investigaciones y sanciones contra aquellos que atenten contra el patrimonio del Estado.
Próximos pasos en el proceso judicial
La lectura íntegra de la sentencia ha sido programada para el 9 de abril, fecha en la que se conocerán los detalles finales del fallo y las medidas adicionales que podrían aplicarse a los condenados. Esta decisión marca un precedente en la lucha contra la corrupción municipal en la región Piura y refuerza la necesidad de un control más estricto en el manejo de fondos públicos.
