Por fin Contraloría de la República despertó y lanzó un ultimátum a las distintas municipalidades, así como al Gobierno Regional. Después de tantas denuncias no solo de los medios periodísticos, sino también por parte de los mismos consejeros y regidores, el Contralor Regional, Joan Ramírez, aseguró que en los próximos días iniciarán en dichas instituciones un control recurrente que permitirá determinar si efectivamente algunos funcionarios cuestionados por no cumplir el perfil ya fueron removidos.

Ramírez, meses atrás, advirtió a los funcionarios que no cumplan con el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que serían denunciados, y sancionados administrativa y penalmente; incluso hasta inhabilitados; sin embargo, los 60 funcionarios que se encuentran cuestionados hicieron caso omiso a esta advertencia y en su mayoría continúan ocupando el mismo puesto.

Lo peor de todo es que tienen el consentimiento de la autoridad encargada de la administración de dicha entidad, y sobre ellos recae toda la responsabilidad, pues pese a saber que existen ciertas pautas y perfiles acordes a cada puesto, las autoridades han pasado por alto las normas y han contratado por ‘n’ razones, entre las que destacan cuestiones partidarias, padrinazgos o por devolución de favores políticos, lo cual no ayuda en nada a la gobernabilidad y al desarrollo de la región.

Así lo entiende la Contraloría y en ese sentido Joan Ramírez también advirtió denuncias contra los gobernantes. Ojalá y esto no quede solo en palabras, esperamos que esta acción concurrente se realice lo más pronto posible, pues de qué sirven las normas si se va a estar dando treguas absurdas a todos aquellos, que sabiendo lo que están haciendo mal, siguen ‘pecando’.

Karina Miranda

Karina Miranda