En la tarde del 22 de febrero de 2025, un trágico suceso ocurrió en el barrio Convivir, en Girón, Santander. Un adolescente de 14 años asesinó a su vecino, Miguel Antonio Rodríguez Barajas, de 33 años, tras una discusión. Este crimen ha provocado una fuerte conmoción en la comunidad y reavivado el debate sobre la responsabilidad penal de los menores en Colombia.
Un conflicto que escaló a la violencia
El homicidio ocurrió alrededor de las 3:40 p.m., cuando Rodríguez Barajas se encontraba en la entrada de su casa. Según versiones de testigos, el adolescente y la víctima habían tenido un altercado momentos antes, que se desató cuando Rodríguez Barajas le pidió al menor que se alejara de un grupo donde se consumía marihuana. La solicitud, que buscaba evitar problemas legales por la edad del joven, generó una reacción violenta en el menor, quien regresó con un cuchillo y le propinó una apuñalada en el pecho.
Otra versión de los hechos sugiere que el adolescente actuó en defensa propia, tras recibir una patada de la víctima antes de sacar el cuchillo. Este conflicto que parecía resolverse con palabras terminó con una tragedia en cuestión de minutos.
Reacción y consecuencias
A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, Rodríguez Barajas murió en la clínica de Bucaramanga horas después del ataque. El menor fue detenido por la Policía de Infancia y Adolescencia y llevado al Centro Especializado para Adolescentes (Cespa). En las próximas semanas, se determinará si el joven será trasladado al Centro de Internamiento Preventivo en Bucaramanga.
Este caso ha generado una gran preocupación sobre la violencia entre adolescentes y la responsabilidad penal en Colombia. La sociedad se pregunta cómo actuar en casos como este, donde los menores son responsables de crímenes graves, y se discuten alternativas para prevenir que estos hechos sigan ocurriendo.
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