Varios miembros del Ejército Nacional de distintas unidades del país están siendo investigados por la Fiscalía debido a su presunta participación en el robo de armamento de la misma institución. Según las investigaciones, estas armas y municiones robadas habrían sido utilizadas por grupos ilegales para atacar a las fuerzas públicas.

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Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, la Fiscalía identificó patrones en tres ataques realizados por delincuentes que llamaron la atención de los investigadores. Uno de ellos ocurrió el 7 de junio de 2024, cuando disidencias atacaron la estación de Policía en Popayán. En otro incidente, el 3 de noviembre de 2024, intentaron sin éxito atentar contra el cantón militar de la misma ciudad. Además, el 18 de diciembre de 2023, destruyeron con explosivos el peaje Pipiral en la vía Bogotá-Villavicencio. En todos estos casos, se confirmó el uso de armamento proveniente del Ejército Nacional.

“Es inaceptable que miembros de las Fuerzas Militares estén involucrados en el tráfico de municiones, entregando armas al enemigo, que terminan siendo usadas para asesinar a sus propios compañeros. Esto exige las medidas más drásticas contra quienes colaboran con los asesinos”, expresó el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Además, no solo se trafican armas, sino que estas son reemplazadas por equipo defectuoso para evitar alteraciones en los inventarios de los batallones, poniendo en riesgo la vida de los soldados. En una audiencia, un fiscal especializado explicó que esta situación podría estar perpetuando el conflicto armado en el país. “Si este conflicto no termina, es porque posiblemente tenemos un Ejército combatiendo con equipo inservible, mientras los grupos armados cuentan con piezas originales para fusiles y ametralladoras”, señaló el fiscal.

Un exintegrante de un grupo ilegal capturado reveló a la Fiscalía cómo operan los militares para traficar armas, indicando que el grupo organizado involucrado podría estar compuesto por más de 50 personas. En una declaración juramentada, un líder de un grupo armado detalló las partes que recibía, incluyendo repuestos de fusiles Galil, como culatas, guardamanos, tubos de gas, y hasta granadas de 40 milímetros.

Según la Fiscalía, los lugares con mayor incidencia de robo de armas del Ejército son:

• Fuerte Militar de Tolemaida, en Cundinamarca.
• Fuerte Militar Larandia, en Caquetá.
• Batallón de Infantería Aerotransportado No. 20 «General Serviez», en Villavicencio, Meta.
• Almacenes de Indumil, en Caquetá y Soacha.

Entre los elementos más robados están los fusiles Galil, ametralladoras M60, granadas de 81 y 40 milímetros, y municiones de calibres 1.62, 5.56 y 7.62.

“Este problema es estructural dentro del Ejército Nacional. Si las Fuerzas Militares tienen el monopolio de las armas en el país, los grupos armados que necesitan armamento inevitablemente recurren a quienes controlan ese monopolio. Esto incluye batallones, depósitos de armas decomisadas, carros talleres y almacenes de Indumil”, concluyó el fiscal especializado