La administración del expresidente Donald Trump ha presentado una nueva propuesta que busca examinar los perfiles de redes sociales de los solicitantes de tarjetas de residencia permanente (green cards) que ya se encuentran legalmente en Estados Unidos. Esta medida, promovida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ha generado un intenso debate al ser considerada por muchos como un ataque a la libertad de expresión y la privacidad.
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Revisión de redes sociales para solicitantes de residencia permanente
Según la propuesta, los solicitantes de green cards deberán proporcionar sus nombres de usuario en redes sociales como parte de un proceso de “verificación mejorada de identidad, evaluación y detección de amenazas a la seguridad nacional”.
El USCIS argumenta que esta política es necesaria para cumplir con la orden ejecutiva de Trump titulada “Protegiendo a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”. Cabe destacar que actualmente, los solicitantes de visas que residen en el extranjero ya están obligados a compartir sus identificadores de redes sociales con la agencia. Sin embargo, esta nueva medida ampliaría el alcance a personas que ya se encuentran en territorio estadounidense y buscan la residencia permanente o el asilo.
Críticas a la política de monitoreo de redes sociales
La propuesta ha sido recibida con una ola de críticas durante el período de comentarios públicos, que finaliza el 5 de mayo. Hasta el momento, se han registrado 143 comentarios, de los cuales al menos 29 denuncian una violación a la libertad de expresión.
Organizaciones de derechos civiles advierten que esta política podría tener un “efecto intimidatorio” en los solicitantes y socavar principios fundamentales como la privacidad y los derechos humanos. Además, algunos expertos señalan que la medida podría afectar de manera desproporcionada a personas con posturas políticas críticas hacia Israel y el manejo del conflicto por parte del gobierno estadounidense.
Robert McCaw, director de asuntos gubernamentales del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, declaró a The Intercept que esta política podría impactar de manera desigual a solicitantes musulmanes y árabes, especialmente a aquellos que han expresado apoyo a los derechos humanos palestinos. McCaw también expresó su preocupación sobre la posibilidad de que la actividad en redes sociales continúe siendo monitoreada incluso después de que los solicitantes obtengan la ciudadanía estadounidense.
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Consecuencias y debate en torno a la medida
Defensores de la propuesta argumentan que el monitoreo de redes sociales es una herramienta esencial para reforzar la seguridad nacional y prevenir posibles amenazas. No obstante, críticos insisten en que esta medida abre la puerta a una vigilancia excesiva y al perfilamiento discriminatorio de ciertos grupos.
El debate sobre esta política refleja una creciente preocupación en torno a la privacidad digital y la manera en que el gobierno estadounidense utiliza las redes sociales como herramienta de vigilancia. Con el cierre del período de comentarios públicos, queda por ver si la administración de Trump implementará esta propuesta o si enfrentará desafíos legales y políticos en el proceso.
