La crisis política en Venezuela toma un giro alarmante con la detención y acusación de menores de edad que protestaron contra el presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de julio. Organizaciones no gubernamentales, como Foro Penal, han denunciado la situación, contabilizando hasta 136 menores detenidos tras manifestaciones en diversas ciudades del país. Estos adolescentes, de entre 13 y 17 años, enfrentan acusaciones graves, como terrorismo e incitación al odio, planteando interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
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Detenciones de menores en protestas de Venezuela: 136 jóvenes serán juzgados por terrorismo y otros delitos
Luego de las elecciones del 28 de julio, la situación en Venezuela escaló en tensión debido a las acusaciones de fraude electoral y la reelección de Nicolás Maduro. A raíz de las manifestaciones contra estos resultados, 1,674 personas fueron arrestadas, incluyendo 136 adolescentes. Estos menores, que no tienen edad para votar, participaron en las protestas, denunciando lo que consideraron una falta de transparencia y abuso de poder.
La ONG Foro Penal ha destacado que muchos de estos menores enfrentan acusaciones de delitos que normalmente se imputan a adultos en contextos de terrorismo, lo que preocupa a las organizaciones de derechos humanos.
Fraude en Venezuela: ¿Por qué se acusa a estos adolescentes de terrorismo?
El Ministerio Público de Venezuela formalizó cargos contra cinco adolescentes arrestados en el estado Portuguesa. Entre los delitos imputados están terrorismo, incitación al odio, incendio de estructuras, obstrucción de vía pública y lesiones personales a funcionarios. Las acusaciones se produjeron tras la audiencia preliminar celebrada el 23 de octubre en Caracas, donde se decidió llevar a juicio a estos jóvenes.
Los adolescentes, de entre 16 y 17 años, fueron arrestados tras las protestas del 29 de julio y pasaron semanas en centros de detención en condiciones que sus familiares y abogados describen como inhumanas. Aunque fueron excarcelados en agosto bajo un régimen de presentación periódica, sus casos siguen abiertos y enfrentan un proceso judicial que podría derivar en sentencias graves.
Menores acusados de terrorismos en Venezuela: ¿Qué papel juegan las organizaciones internacionales en este caso?
Varias ONG venezolanas y extranjeras han alzado la voz en apoyo a estos adolescentes. La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha señalado que, en la audiencia preliminar, los jóvenes se declararon inocentes y rechazaron la admisión de los delitos, a pesar de la presión para aceptar cargos. Martha Tineo, coordinadora general de JEP, denunció que «los jóvenes han vivido situaciones terribles» en centros de detención y se han negado a aceptar cargos que no cometieron.
La situación de los menores ha llamado la atención de organizaciones internacionales. Unicef ha recibido solicitudes de venezolanos en el extranjero para intervenir y abogar por la liberación de los adolescentes detenidos. La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su secretario general Luis Almagro, declaró que posee pruebas de tortura a menores en Venezuela, incluyendo descargas eléctricas y maltratos físicos.
Estas denuncias han incrementado la presión internacional sobre el gobierno de Maduro, mientras crece la expectativa de que los organismos internacionales ejerzan una influencia que permita la revisión de los casos y la protección de los derechos de estos menores.
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Situación en los centros de detención de menores en Venezuela
Cuatro de los adolescentes detenidos fueron llevados al Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral (CDT) en Acarigua, mientras que un quinto fue trasladado al Destacamento 311 de la Guardia Nacional en Guanare. Según las ONG, las condiciones en estos centros de detención son precarias, y los menores han enfrentado problemas de alimentación, salud y violencia.
¿Por qué no se otorgan beneficios procesales a los adolescentes?
La situación legal de los adolescentes acusados de terrorismo ha sido calificada como «alarmante» por organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición. Vente Venezuela, el partido liderado por María Corina Machado, criticó el hecho de que no se haya concedido ningún tipo de beneficio procesal a los menores. Las familias también han denunciado que, pese a la gravedad de las acusaciones, los adolescentes están siendo tratados como adultos y enfrentan un proceso que no considera su condición de menores.
Este jueves, familiares de los detenidos presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solicitando la revisión de las medidas cautelares y el respeto al debido proceso. El objetivo es que estos adolescentes puedan defenderse en libertad, sin el riesgo de seguir encarcelados en condiciones inadecuadas.