El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la condena de 4 años y 6 meses de prisión por agresión sexual contra el exfutbolista brasileño Dani Alves. La corte de apelaciones determinó por unanimidad que existían «vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones» en la sentencia original, además de «insuficiencias probatorias». Se señaló que el testimonio de la denunciante no era «fiable», ya que presentaba diferencias significativas con las pruebas disponibles, incluyendo grabaciones de video.

Reacciones y perspectivas

La decisión ha generado diversas reacciones en la sociedad y la política españolas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE en Andalucía, calificó de «vergüenza» la sentencia absolutoria, criticando que se cuestione el testimonio de la víctima y se anteponga la presunción de inocencia.

Por otro lado, el Partido Popular (PP) ha criticado a Montero por sus declaraciones, acusándola de atacar la independencia judicial. El PP defendió la presunción de inocencia y respaldó la decisión del TSJC.

El caso destaca las complejidades y desafíos en los procesos judiciales relacionados con agresiones sexuales, especialmente cuando las pruebas son contradictorias o insuficientes. La absolución de Dani Alves subraya la importancia de la presunción de inocencia y la necesidad de pruebas sólidas en el sistema judicial.