El conocido presentador de televisión, Andrés Hurtado, mejor conocido como ‘Chibolín’, ha admitido haber ofrecido sobornos para garantizar la elección de María Vidal La Rosa Sánchez como presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta revelación surge en medio de una investigación por tráfico de influencias y lavado de activos, en la que Hurtado enfrenta 18 meses de prisión preventiva.
Declaraciones ante el Ministerio Público
Según un informe del semanario Hildebrandt en sus trece, Hurtado ha realizado dos declaraciones ante el Ministerio Público, siendo la última el 23 de octubre en el penal de Lurigancho. La fiscal Alejandra María Cárdenas, responsable del caso, llevó a cabo el interrogatorio. En su testimonio, el presentador detalló que, a finales de 2022, intercedió a favor de Vidal La Rosa, quien fue elegida presidenta de la Corte en una votación secreta el 1 de diciembre del mismo año.
Hurtado confesó que organizó almuerzos y ofreció dádivas a un grupo de jueces con el fin de influir en su decisión. Aunque no proporcionó los nombres de los magistrados involucrados, se comprometió a presentar recibos que probarían sus afirmaciones sobre los “agasajos” realizados.
Irregularidades en contratos de arrendamiento
Además de su confesión sobre sobornos, Hurtado también mencionó irregularidades en un contrato de arrendamiento de un inmueble de lujo para la Corte de Lima, ubicado en Magdalena del Mar. Este contrato, firmado en 2023, estipula un alquiler de 31 millones de soles por un período de tres años, lo que representa aproximadamente 10 millones de soles anuales.
El presentador facilitó que la empresa Inmobiliaria 2 S SAC, propiedad de David Chlimper, hermano del exsecretario general de Fuerza Popular, obtuviera el contrato. La adjudicación se realizó de manera directa, sin proceso de licitación, y se completó en solo cuatro horas. Cabe mencionar que esta es la única relación de Inmobiliaria 2 S SAC con una entidad pública, ya que no tiene antecedentes en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
En respuesta a las acusaciones, Chlimper declaró que no conoce a Hurtado ni a la jueza y que su empresa solo tiene derechos de propiedad sobre el 18.35% del edificio arrendado por la Corte.
Este escándalo resalta la preocupación por la corrupción dentro del sistema judicial y podría tener implicaciones significativas para las autoridades involucradas. La investigación continúa, y se espera que se tomen medidas más severas en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas
