La restitución de la detención preliminar ha encendido las alarmas dentro del gobierno de Dina Boluarte, ya que permite a la Fiscalía actuar con mayor rapidez en casos de corrupción. Según fuentes del Ejecutivo, esta medida genera preocupación debido a las investigaciones en curso, especialmente en el caso Qaliwarma, donde varios funcionarios de alto nivel están implicados.

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El Congreso de la República había retrasado la discusión sobre esta norma, lo que favoreció a bandas criminales y a investigados vinculados al actual gobierno. Con su reciente aprobación, la Fiscalía podría solicitar al Poder Judicial nuevas medidas de restricción de libertad en el marco de las indagaciones en curso.

Caso Qaliwarma: claves del escándalo de corrupción

El caso Qaliwarma involucra a altos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte, incluidos el vocero presidencial Fredy Hinojosa y el exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini. Ambos son investigados por presuntos delitos de organización criminal, colusión y cohecho.

Cuando la Fiscalía allanó la casa de Hinojosa, la eliminación temporal de la detención preliminar impidió su arresto inmediato. Lo mismo ocurrió con Demartini, quien solo fue sujeto a un impedimento de salida del país. Ahora, con la restitución de esta figura legal, se abre la posibilidad de nuevas detenciones en este caso.

¿Cuáles son los cambios en la ley de detención preliminar?

La modificación de la norma introduce criterios más estrictos para la aplicación de la detención preliminar en casos de no flagrancia:

• Mayor exigencia probatoria: Ahora se requieren elementos concretos que justifiquen la medida, en lugar de simples indicios circunstanciales.
• Refuerzo en la motivación judicial: La Fiscalía debe demostrar con precisión el riesgo de fuga o el peligro de obstrucción de la investigación.

Según el abogado penalista Fernando Ugaz, estos cambios no representan una reforma sustancial, ya que la legislación ya contemplaba estos requisitos. «El problema no es la norma en sí, sino su aplicación por jueces y fiscales», afirmó.

¿Por qué el Congreso eliminó la detención preliminar?

El Congreso había justificado la eliminación de esta medida argumentando su uso arbitrario y abusivo por parte del sistema de justicia. Legisladores, algunos de ellos investigados por corrupción, sostenían que la detención preliminar afectaba derechos fundamentales y era usada como mecanismo de persecución política.

Sin embargo, debido a la presión de la opinión pública y la Fiscalía, el Congreso aprobó su restitución, lo que ahora reaviva el debate sobre su aplicación y garantías legales.

¿Se verá afectada la presunción de inocencia?

El abogado Andy Carrión sostiene que la detención preliminar no vulnera la presunción de inocencia, ya que es una medida temporal con un máximo de diez días. En contraste, la prisión preventiva puede extenderse hasta 36 meses, lo que sí podría afectar este principio fundamental.

Con la restitución de la norma, la Fiscalía podría actuar de inmediato en el caso Qaliwarma, solicitando la detención de los implicados si demuestra los riesgos legales correspondientes. Esto pone en una situación delicada al gobierno de Dina Boluarte, que enfrenta cada vez más presiones por las investigaciones de corrupción dentro de su administración.