La División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo ha logrado desarticular una peligrosa banda de extorsionadores conocida como «Los Gallegos del Norte». En una operación coordinada, los agentes arrestaron a dos de sus miembros principales, Abel Benjamín Pisfil Arévalo, de 39 años, alias «Cabezón», y Juan Germán Santos Romero, de 30 años, quienes estaban involucrados en una sofisticada operación de extorsión que exigía la suma de 800,000 soles a un empresario del sector panificador.

Operativo policial y captura de los delincuentes

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el empresario afectado, identificado como A. R. T., el pasado 31 de julio. Según el denunciante, comenzó a recibir llamadas y mensajes amenazantes a través de WhatsApp, en los cuales los extorsionadores exigían el pago de un exorbitante monto a cambio de no atentar contra su vida, su familia y su patrimonio. La amenaza fue suficientemente seria como para que el empresario se dirigiera a las autoridades en busca de ayuda.

Los agentes de la Divincri, al recibir la denuncia, comenzaron un proceso de investigación que incluyó la negociación con los extorsionadores para rastrear sus actividades. En una diligencia clave, se descubrió que la cuenta bancaria donde se debía realizar el depósito de la suma exigida estaba a nombre de Juan Germán Santos Romero. Este hallazgo permitió a la policía localizar y arrestar a Santos Romero en su domicilio ubicado en la Avenida Piura, en el asentamiento humano Baca Burga de Chiclayo.

Durante el interrogatorio, Santos Romero confesó que había entregado su tarjeta bancaria a Abel Pisfil Arévalo, quien se encargaba de la coordinación de la extorsión. Esto llevó a las autoridades a realizar una operación simultánea que culminó en la captura de Pisfil Arévalo en el parque del asentamiento humano Elías Aguirre, también en Chiclayo. En el momento de su detención, ambos sujetos tenían en su poder un celular que contenía el número utilizado para amenazar a la víctima.

Antecedentes criminales y detalles del caso

La investigación reveló que tanto Abel Benjamín Pisfil Arévalo como Juan Germán Santos Romero tienen antecedentes por delitos relacionados con tenencia ilegal de armas y violencia familiar. Pisfil Arévalo, apodado «Cabezón», ya estaba bajo una requisitoria por tenencia ilegal de armas, mientras que Santos Romero también tenía denuncias por violencia familiar. Estas circunstancias sugieren que ambos individuos tienen un historial de comportamiento criminal, lo que agrava la seriedad de sus actuales cargos de extorsión.

Las autoridades están trabajando para asegurar que Pisfil Arévalo y Santos Romero enfrenten cargos adecuados por sus delitos. La captura de estos individuos representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región. La Policía Nacional de Perú ha enfatizado la importancia de mantener la vigilancia y el seguimiento continuo de las redes de extorsión para prevenir futuros incidentes y proteger a la comunidad empresarial y a la ciudadanía en general.

Impacto en la comunidad y recomendaciones

El caso ha generado gran preocupación entre los residentes de Chiclayo, especialmente en el sector empresarial, que se ha visto afectado por la creciente incidencia de extorsiones y amenazas. La intervención de la Divincri subraya la capacidad de las fuerzas del orden para manejar situaciones de alta presión y coordinar operaciones efectivas contra el crimen organizado.

Las autoridades han instado a cualquier persona que reciba amenazas similares a que se comunique inmediatamente con la Policía. Asimismo, recomiendan a los empresarios y ciudadanos en general que refuercen sus medidas de seguridad y reporten cualquier actividad sospechosa. La colaboración de la comunidad es esencial para el éxito en la prevención y resolución de crímenes de extorsión.

Con la detención de los miembros de «Los Gallegos del Norte», las autoridades han dado un paso importante hacia el desmantelamiento de redes de extorsión en Chiclayo. La Policía Nacional continúa trabajando para asegurar la justicia y proteger a los ciudadanos de las amenazas de organizaciones criminales.