El máximo tribunal rechazó la apelación presentada por Castillo, quien buscaba anular la resolución emitida el 17 de octubre de 2024 por el juez supremo Juan Carlos Checkley. En dicha resolución, se desestimó la solicitud del expresidente de revisar de oficio la medida restrictiva que pesa en su contra, con la intención de enfrentar el proceso bajo comparecencia con restricciones.
Puedes leer ► Pedro Castillo se enteró de la renuncia de su abogado en plena audiencia judicial
La defensa legal de Pedro Castillo argumentó que no se valoraron adecuadamente nuevos elementos probatorios. Entre ellos, cuestionaron la flagrancia delictiva basándose en declaraciones de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como en videos de su detención. También señalaron presuntas irregularidades en la actuación de la fiscal de la Nación, posibles violaciones a la inmunidad presidencial y la falta de justificación del supuesto peligro de fuga, ya que, según la defensa, Castillo ofreció garantías de residencia en Lima.
Ratificación de la medida
A pesar de estos argumentos, el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín respaldó la decisión del magistrado Checkley Soria. La sala destacó que «el riesgo de evasión de la justicia sigue presente, especialmente debido a la alta pena solicitada y la autorización para iniciar el juicio oral emitida por el Juez Supremo de la Investigación Preparatoria».
El colegiado enfatizó que el golpe de estado fue un hecho público y que Castillo fue detenido en flagrancia mientras abandonaba el Palacio de Gobierno tras el fracaso del llamado «Gobierno de Emergencia Excepcional». En ese momento, se encontraba en un vehículo oficial acompañado por su familia y su asesor Aníbal Torres Vásquez, dirigiéndose a la Embajada de México en busca de asilo político.
Consideraciones sobre el peligro de fuga
En cuanto al riesgo de fuga, el tribunal señaló que las declaraciones previas y las comunicaciones públicas respaldan que Castillo buscó asilo en la Embajada de México. Incluso, el presidente mexicano confirmó que Castillo se comunicó con él con este propósito, solicitando apoyo para su ingreso al recinto diplomático.
Sobre la inmunidad presidencial
Respecto al argumento de inmunidad presidencial, la sala afirmó que este tema ya fue ampliamente evaluado y resuelto, contando incluso con una sentencia del Tribunal Constitucional que zanja el debate. Además, no se presentaron pruebas contundentes que justifiquen modificar la situación jurídica actual del exmandatario.
Ante estos fundamentos, el tribunal concluyó que no es procedente revocar la medida de prisión preventiva, por lo que la apelación de la defensa fue desestimada.
Solicitud de condena
Por su parte, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado 34 años de prisión para Pedro Castillo, además de su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ocupar cargos públicos. Se le acusa de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y alteración grave de la tranquilidad pública en perjuicio del Estado y la sociedad.