Un gesto de honradez y ética profesional ha destacado en Cusco, donde un agente policial de la Comisaría de Oropesa devolvió 12 mil soles a su legítimo propietario luego de encontrarlos en la vía pública. Este acto de integridad refleja los valores y principios fundamentales que rigen el trabajo policial en Perú.
El hallazgo y la rápida acción del suboficial
El suboficial técnico de tercera PNP Mario Olaychea, quien se encontraba regresando a la comisaría tras cumplir una diligencia policial, encontró una bolsa plástica transparente en las inmediaciones de la Asociación Pro Vivienda Nuevo Oropesa. Al inspeccionarla, descubrió que contenía una suma de 12 mil soles en efectivo. Ante este hallazgo, Olaychea actuó de inmediato, preguntando a los vecinos si alguien había extraviado dinero, pero sin recibir respuesta positiva.
La búsqueda del propietario
Sin perder tiempo, el agente comenzó a organizar un operativo para localizar al propietario del dinero. Los efectivos policiales de la comisaría se desplegaron por diferentes zonas de Oropesa, hasta que finalmente dieron con el dueño del dinero. El joven identificado como Ismael Paucar, de 18 años, estaba en el paradero principal de Oropesa, esperando el bus hacia Paucartambo.
Paucar, al ser informado de que su dinero había sido encontrado, no recordaba exactamente dónde lo había extraviado, ya que llevaba varios años ahorrando para la compra de una motocicleta. Al conocer la noticia, su rostro se iluminó y su estado emocional cambió por completo, regresando a sonreír ante la gran sorpresa.
Agradecimiento por un acto de honestidad
Una vez que Ismael Paucar presentó los documentos pertinentes, el dinero fue entregado en la dependencia policial. Agradecido por la honradez del agente Olaychea, Paucar expresó su gratitud y reconocimiento por el excelente comportamiento y dedicación de la policía en este acto de devolución. Este gesto no solo refleja el compromiso con la justicia, sino también la importancia de fomentar valores de honestidad dentro de las instituciones de seguridad pública