La noche del lunes 23 de diciembre, un grave incidente conmocionó a los residentes de San Juan de Lurigancho (SJL). En la avenida Malecón Checa, un explosivo fue lanzado a una combi de la empresa Huancayo City S.A., que transportaba pasajeros en su ruta hacia San Martín de Porres (SMP). Este hecho alarmante dejó como saldo a una mujer herida, quien fue trasladada de inmediato al Hospital Dos de Mayo para recibir atención médica.
El ataque ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., según testigos, y generó una situación de caos y miedo entre los pasajeros. La detonación del artefacto provocó que los ocupantes de la combi abandonaran el vehículo en busca de refugio, mientras otros intentaban socorrer a la mujer lesionada. Este evento resalta la creciente problemática de inseguridad en el transporte público de Lima.
Puedes Leer ▶ ¡Talara en emergencia! Evalúan suspender toda actividad en las playas
Reacción de las autoridades ante el ataque
Tras la detonación, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. La zona fue acordonada mientras se recolectaban pruebas que puedan llevar a identificar a los responsables. Personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) también se hizo presente para asegurar el área y realizar inspecciones detalladas.
Además, las autoridades han manifestado su preocupación por el incremento de ataques similares en rutas de transporte público. Están evaluando medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros y operadores. La Policía hace un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita resolver este caso y evitar futuros atentados.
¿Qué sucedió en el ataque con explosivos?
El ataque se produjo en plena hora punta, cuando el vehículo se desplazaba con una cantidad significativa de pasajeros. De acuerdo con testigos, los atacantes lanzaron el explosivo desde un vehículo en movimiento, lo que dificultó su identificación inmediata. La detonación generó daños materiales en la combi y una escena de pánico entre los presentes.
Los pasajeros que lograron salir ilesos relataron que el estruendo fue estremecedor y que varios de ellos sufrieron crisis nerviosas. Este evento plantea serias interrogantes sobre las condiciones de seguridad en las rutas de transporte público y la necesidad de un mayor control en las zonas con alta incidencia delictiva.
Puedes leer ▶ Piura: Vísperas de la Navidad, robos y extorsiones siguen imparables
Extorsiones a empresas de transporte: Un problema creciente
El ataque a la combi de Huancayo City S.A. pone en evidencia una preocupante realidad: las extorsiones a empresas de transporte en Lima no cesan. Bandas criminales como Los Chukys, Los Injertos de Barrios Altos y Lugarteniente Juan exigen pagos a transportistas a cambio de «protección» para operar en determinadas rutas. Estos grupos delictivos utilizan la violencia y el miedo como herramientas para someter a las empresas y conductores.
Empresas como Virgen de La Concepción, que opera en la ruta de Independencia a Ate, han denunciado amenazas constantes. «Nos piden 30.000 soles y 10.000 soles mensuales. Mejor que nos maten acá», declaró un conductor afectado. De igual manera, Translima enfrenta demandas económicas por cada cruce de ruta, según informó su gerente. Estas extorsiones no solo afectan a las empresas, sino también ponen en riesgo la vida de conductores y pasajeros.
¿Cómo afecta la extorsión al transporte público?
La extorsión genera una cadena de problemas que impactan tanto a los operadores como a los usuarios del transporte público. Los conductores se ven obligados a pagar grandes sumas de dinero, lo que muchas veces deriva en el incremento de tarifas o en la suspensión de servicios. Además, los constantes ataques generan temor entre los pasajeros, quienes dudan en utilizar este medio de transporte por miedo a ser víctimas de incidentes similares.
Por otro lado, las empresas también enfrentan dificultades para garantizar la seguridad de sus rutas. La falta de apoyo suficiente por parte de las autoridades y la impunidad con la que operan las bandas delictivas agravan la situación. Esto evidencia la necesidad de una respuesta contundente y coordinada para erradicar este flagelo.