La medida generó preocupación en sectores judiciales y fiscales, al limitar una herramienta clave en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.
Un giro radical en la justicia peruana: la nueva ley que limita las detenciones
El sistema judicial peruano ha experimentado un cambio significativo con la reciente reforma al Código Procesal Penal. Una de las modificaciones más controvertidas es la eliminación de la posibilidad de solicitar detenciones preliminares en casos no flagrante.
Anteriormente, los fiscales podían pedir a un juez que ordenara la detención de un sospechoso cuando existían fuertes indicios de que había cometido un delito grave, incluso si no había sido sorprendido en el acto. Sin embargo, esta medida ha sido suprimida, lo que significa que las autoridades ahora solo podrán detener a alguien si se le encuentra cometiendo un delito.
Impacto de la ley 32181
Esta nueva norma ha generado gran preocupación entre expertos legales y organizaciones de la sociedad civil. Se argumenta que esta restricción podría dificultar la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, ya que estas redes suelen actuar de manera rápida y sofisticada, haciendo difícil sorprenderlas en flagrancia.
Además, se teme que esta reforma pueda generar un clima de impunidad y debilitar la capacidad del sistema judicial para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia.
Por otro lado, la nueva ley también ha puesto en una situación delicada a los jueces. Si un juez decide no ordenar la detención de un sospechoso presentado por la policía como flagrante, podría enfrentar graves consecuencias penales. Esta presión podría llevar a los jueces a tomar decisiones apresuradas o incorrectas, con el fin de evitar sanciones.
Opiniones encontradas de la ley 32181
El decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, ha calificado esta reforma como inconstitucional y peligrosa, argumentando que limita la independencia judicial. Sin embargo, los defensores de esta medida sostienen que se trata de una garantía para proteger los derechos de los ciudadanos y evitar detenciones arbitrarias.
En conclusión, la eliminación de las detenciones preliminares en casos no flagrante representa un cambio radical en el sistema de justicia peruano. Si bien esta medida busca proteger los derechos de los ciudadanos, también plantea serias preocupaciones sobre su impacto en la lucha contra la criminalidad y la corrupción.
Este tema seguirá generando debate en los próximos meses, y sus consecuencias se dejarán sentir en la práctica judicial durante mucho tiempo.
