Víctor Meza Escobar y Ángel Córdova Hoces, quienes fueron señalados por la Policía Nacional como posibles cabecillas de bandas criminales, han anunciado que tomarán acciones legales contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, para exigir una rectificación pública. Ambos sostienen que las acusaciones han dañado seriamente su reputación y su actividad económica, además de poner en peligro su seguridad personal.

Víctor Meza, quien fue identificado en medios de comunicación por Santibáñez como alias “chileno”, ha sido acusado de liderar una organización criminal en San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más densamente poblados de Lima. Sin embargo, Meza ha desmentido estas acusaciones en una entrevista con Latina Noticias, asegurando que es un empresario en el sector de eventos y propietario de la productora Bitmex, la cual lleva operando tres años. Para respaldar su declaración, presentó documentos como el RUC de su empresa, boletas de pago, contratos y fotografías con artistas, que según él, demuestran su actividad profesional legítima.

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Por su parte, Ángel Pierre Córdova, también señalado por el ministro como alias “Gordo Ángel”, ha rechazado las acusaciones en su contra. Córdova explicó que desde 2012 se dedica al comercio formal, gestionando dos negocios: uno familiar y otro relacionado con inversiones. Asegura que las acusaciones han destruido su imagen y afectado tanto su vida personal como profesional.

A pesar de que Víctor Meza reconoce haber tenido antecedentes penales en 2004, subraya que cumplió su condena y ha trabajado para reintegrarse a la sociedad. “Soy parte de una resocialización”, afirmó, rechazando ser tratado como un delincuente. Además, expresó su preocupación por su seguridad, ya que ha tenido que esconder su rostro en público debido a una recompensa ofrecida por su captura. Córdova también manifestó su indignación, señalando que las acusaciones han perjudicado su reputación y la de su familia. “Todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, ya se ha caído abajo”, dijo.

La Policía Nacional ha defendido las acusaciones contra Meza y Córdova, citando declaraciones de detenidos y audios de teléfonos móviles que supuestamente los vinculan con actividades de extorsión. Sin embargo, ambos negaron cualquier vínculo con bandas criminales y anunciaron acciones legales contra el ministro del Interior y la Policía.

Estos casos no son los únicos que enfrenta el ministro Santibáñez. Recientemente, otros ciudadanos de San Juan de Lurigancho y un sereno de Lima Metropolitana también anunciaron medidas legales tras ser señalados públicamente como parte de organizaciones delictivas. Juan Antonio García Flores y Carlos Martín Luna Victoria, quienes han señalado que las acusaciones en su contra son falsas, también han visto su reputación afectada.

En una conferencia de prensa el martes, el coronel de la PNP, Franco Moreno Panta, líder de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), reconoció que la inclusión de Juan Antonio García Flores en la lista de extorsionadores fue un “error material”. Explicó que inicialmente él fue una víctima, pero que se cometió un error al vincularlo con los acusados. En cuanto a Carlos Martín Luna Victoria, el coronel no reconoció ningún error, pero destacó que la Policía sigue una línea de trabajo reservada y espera la colaboración de la ciudadanía para esclarecer los hechos. La investigación continúa en curso para determinar el grado de implicación de las personas señaladas por el ministro del Interior en los delitos de extorsión.