La extorsión en Perú ha alcanzado niveles alarmantes, afectando gravemente el sector educativo. Más de 300 instituciones educativas han tenido que cerrar sus puertas debido a las amenazas y cobros de cupos por parte de bandas criminales. Los delincuentes exigen sumas que oscilan entre 10 mil y 70 mil soles, poniendo en riesgo a directores, docentes y estudiantes.
Giannina Miranda Lazo, presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial y representante del colectivo Educar con Libertad, confirmó que la cifra de cierres escolares por extorsión podría ser incluso mayor.
“Existe un subregistro de colegios afectados, y muchas instituciones educativas han optado por el cierre ante la falta de seguridad”, declaró Miranda.
Además, precisó que algunos docentes se ven obligados a pagar hasta 10 soles diarios a los extorsionadores para evitar ataques. La creciente ola de violencia ha generado preocupación en la comunidad educativa y en las familias, quienes temen que esta crisis afecte el normal desarrollo del año escolar.
Más de 86 mil denuncias de extorsión en Lima
Las extorsiones en colegios forman parte de un problema de mayor escala que afecta a diversos sectores en Perú. En los últimos años, se han registrado más de 86 mil denuncias por extorsión solo en los distritos de Lima, y el número sigue en aumento.
Durante el 2024, al menos 172 colegios han cerrado debido a estos delitos, una situación que ha golpeado con mayor fuerza a Lima Norte, una de las zonas más peligrosas de la capital. En esta parte de la ciudad, se disputan el control dos organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos y sicariato:
- La facción liderada por Adam Smith Lucano, alias ‘Jorobado’, junto a Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Muelón’.
- La organización encabezada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.
Sin embargo, expertos en seguridad advierten que el dominio de estas bandas ha permitido que otros delincuentes usen sus nombres para cometer delitos en su nombre, lo que agrava aún más la crisis de inseguridad.
Ministro del Interior bajo presión: 9 de cada 10 peruanos piden su salida
Ante esta crisis de seguridad, la ciudadanía ha expresado su descontento con la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Según una encuesta de Datum, el 90 % de los peruanos considera que el ministro debería abandonar su cargo debido a su poca efectividad en la lucha contra el crimen organizado.
Otra encuesta, publicada por El Comercio, revela que 87 % de los ciudadanos rechaza su gestión, mientras que solo un 6 % cree que debería permanecer en el cargo.
La ola de violencia, extorsiones y amenazas sigue en aumento en el país, afectando no solo a la educación, sino también a diversos sectores productivos. La población exige acciones concretas por parte del Gobierno para frenar el avance del crimen organizado y devolver la seguridad a los peruano
Más de 100 maestros extorsionados en La Libertad en medio de ola delincuencial
La inseguridad en La Libertad ha alcanzado niveles alarmantes, afectando a sectores que antes no eran blanco de la delincuencia. A pocas semanas del inicio del año escolar, más de 100 maestros han denunciado ser víctimas de extorsión, siendo amenazados por delincuentes que les exigen pagos a cambio de poder trabajar sin riesgos.
Según el secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Sergio Pinedo, esta práctica delictiva se ha intensificado en las provincias más alejadas de la región, donde los criminales exigen dinero a los docentes bajo amenaza de represalias. Aunque algunos han decidido presentar denuncias, muchos otros prefieren el silencio por temor a represalias.
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Padres de familia preocupados por la seguridad escolar
El aumento de la delincuencia ha generado una profunda preocupación entre los padres de familia, quienes temen que la violencia pueda afectar el desarrollo normal del año escolar. La creciente inseguridad no solo pone en riesgo a los docentes, sino también a los estudiantes, quienes podrían verse expuestos a situaciones de peligro dentro y fuera de sus instituciones educativas.
Gobernador César Acuña se pronuncia, pero ciudadanos exigen acciones concretas
Ante esta crítica situación, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se pronunció sobre la creciente ola delincuencial, pero su declaración no ha sido suficiente para calmar la preocupación de la ciudadanía. Diversos sectores exigen acciones concretas para frenar la violencia y proteger a los docentes, quienes cumplen un rol fundamental en la sociedad.
La población espera que las autoridades refuercen la seguridad en las instituciones educativas y adopten medidas efectivas para erradicar las extorsiones que afectan a los docentes y otros sectores en la región. Mientras tanto, el miedo y la incertidumbre siguen creciendo en La Libertad.
