La Contraloría General de la República enfrenta una grave crisis presupuestaria luego de que el Ejecutivo, liderado por la presidenta Dina Boluarte, negara un pedido urgente de S/542 millones para financiar los salarios de 3,000 auditores.
Estos profesionales son clave para supervisar contrataciones y obras públicas en todo el país, incluyendo hospitales, colegios y carreteras.
El contralor César Aguilar alertó que, sin estos recursos, se debilitará el control sobre el uso de fondos estatales, aumentando el riesgo de corrupción. Pese a múltiples solicitudes —incluyendo una reunión con Boluarte y una propuesta de decreto de urgencia—, el gobierno no ha respondido.
69% de los auditores afectados trabajan en entidades clave
De los 3,000 servidores en riesgo, el 69% labora en las Oficinas de Control Institucional (OCI) de 637 entidades públicas, entre ellas:
- Ministerios
- Gobiernos regionales
- Municipalidades
Estos auditores realizan control concurrente, es decir, fiscalizan en tiempo real el avance de obras y contratos para detectar irregularidades. Si sus contratos (que vencen en marzo 2024) no se renuevan, miles de proyectos quedarán sin supervisión.
Silencio de Boluarte y rechazo del MEF
Aguilar ha enviado cuatro oficios desde agosto 2023, sin éxito:
- 23/01/2024: Solicitó presupuesto urgente a Boluarte. Sin respuesta.
- 06/02/2024: Pidió reunión con la presidenta. 47 días después, aún no contesta.
- Propuesta de decreto de urgencia: El MEF la rechazó, argumentando que requería una nueva ley (trámite lento).
- Último intento (27/02/2024: Justificó los fondos por la emergencia climática y reactivación de obras. Nuevo «no» del MEF.
Consecuencias: Menos control, más corrupción
La Contraloría ya ha destrabado 137 obras paralizadas con su equipo actual (9,000 servidores). Pero si se reduce en 3 mil auditores, advierte Aguilar:
- Obras esenciales (reconstrucción por lluvias, elecciones 2026) quedarán sin fiscalización.
- Aumentarán los casos de sobreprecios, malversación y corrupción.
- Se frenará la reactivación económica vinculada a infraestructura.
¿Por qué el gobierno no actúa?
Expertos señalan posibles motivos:
- Recortes presupuestales prioritarios en otros sectores.
- Desinterés político en fortalecer órganos fiscalizadores.
- Temor a auditorías más rigurosas en año electoral.
Mientras, el contralor Aguilar insiste: «Sin estos recursos, el Estado peruano pierde su escudo contra la corrupción».
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