Paro indefinido en Huanta ha encendido las alarmas en la provincia de Ayacucho, donde diversas organizaciones sociales han convocado a un paro en rechazo a las actividades mineras en la cordillera de Razuhuillca. La Defensoría del Pueblo ha exigido la intervención urgente del Ejecutivo para evitar que el conflicto social continúe escalando.

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¿Qué es el paro indefinido en Huanta y por qué se inició?

El paro indefinido en Huanta comenzó como una medida de protesta contra las operaciones mineras, tanto formales como informales, en la cabecera de cuenca de la cordillera de Razuhuillca, una zona que abastece de agua a toda la provincia. Los pobladores temen que la minería en la región contamine los recursos hídricos y afecte la agricultura local.

Desde hace siete años, la comunidad ha manifestado su rechazo a cualquier tipo de actividad minera en la zona, denunciando los posibles impactos ambientales negativos. A pesar de acuerdos anteriores entre las autoridades y la población, el presunto incumplimiento de estos compromisos ha llevado a la actual paralización total de actividades en la provincia.

¿Cuáles son las demandas de los manifestantes?

Los manifestantes exigen, principalmente, el cese definitivo de todas las operaciones mineras en la cordillera de Razuhuillca y la declaración de esta zona como intangible y protegida. Además, solicitan la instalación inmediata de una mesa de diálogo con representantes del Ejecutivo para abordar sus preocupaciones.

La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado dirigido a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha reiterado la urgencia de atender estas demandas para evitar una escalada del conflicto y posibles violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos de Huanta.

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Respuesta del Ejecutivo y acciones de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo ha solicitado la conformación de una comisión de alto nivel para negociar con los manifestantes y buscar una solución pacífica al conflicto. La entidad ha enfatizado la importancia del diálogo para prevenir un deterioro mayor en la situación social de la región.

En los últimos días, el personal de la Defensoría ha estado activo en Huanta, mediando entre los manifestantes y las autoridades. Por ejemplo, su intervención permitió que madres lactantes, personas con discapacidad y niños, que se encontraban varados en buses interprovinciales debido a los bloqueos, fueran trasladados al terminal terrestre de Huanta para recibir atención.

Impacto del paro en la economía y en la vida diaria de Huanta

El paro indefinido en Huanta ha tenido un impacto significativo en la economía local, paralizando todas las actividades comerciales y bloqueando las vías de acceso a la ciudad. Esto ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes enfrentan dificultades para acceder a bienes básicos y servicios esenciales.

Además, el bloqueo de las carreteras ha afectado a quienes intentan desplazarse hacia otras localidades, exacerbando la tensión en la región. La situación es particularmente grave para los agricultores locales, cuya producción corre el riesgo de perderse debido a la falta de acceso a mercados y a la interrupción de la cadena de suministro.

La posición del gobernador Wilfredo Oscorima

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se pronunció el 2 de agosto respecto al conflicto, señalando que ya se están tomando medidas para cerrar las minas informales en la zona. Según Oscorima, el paro en Huanta carece de sentido, ya que el gobierno regional está trabajando en la solución de los problemas denunciados.

“Cualquier medida de fuerza que realicen no tendría ningún sentido y lo único que va a generar es más pobreza e intranquilidad en el pueblo de Huanta. Nuestra región necesita trabajar, no podemos parar”, declaró el gobernador, en un intento por apaciguar las tensiones.

Sin embargo, estas declaraciones no han convencido a los manifestantes, quienes han advertido que radicalizarán sus protestas si sus demandas no son atendidas de manera efectiva y rápida