Una reciente investigación periodística ha puesto en el centro del debate un bono de S/ 20,000 otorgado a los trabajadores del Congreso de la República como parte de un convenio colectivo firmado en 2023.
Este beneficio económico, aprobado durante la gestión del expresidente del Legislativo Alejandro Soto, incluye también un aumento salarial y dos bonificaciones adicionales, lo que ha generado controversia debido al contexto económico que enfrenta el país.
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Detalles del bono y su sustento legal
El secretario general del sindicato de trabajadores del Congreso, Tulio Vizcarra, defendió este pago argumentando que forma parte de un pliego de negociación colectiva negociado en 2023, cumpliendo con lo establecido por la ley.
Vizcarra explicó que este bono, conocido como «bono de cierre», es una práctica común en las negociaciones laborales tanto en el sector público como en el privado. Además, enfatizó que este tipo de beneficios no es exclusivo del Congreso, pues acuerdos similares han sido aplicados anteriormente en otras instituciones estatales.
«Por ejemplo, en 2019, se logró un bono de cierre de S/ 27,000, y nadie lo cuestionó en ese momento», señaló Vizcarra, añadiendo que otros organismos, como Aduanas o la Superintendencia de Banca y Seguros, también otorgan beneficios económicos que incluso podrían ser mayores.
«No reciben pago pro horas extras»
El representante sindical argumentó que los trabajadores del Congreso no reciben pagos por horas extras, a diferencia de otras entidades públicas donde este concepto puede incrementar significativamente los ingresos.
Asimismo, señaló que los salarios en el Congreso han estado históricamente por debajo de los niveles salariales de los ministerios y que el sindicato busca cerrar esta brecha a través de negociaciones colectivas.
«Entendemos las críticas, pero los trabajadores del Congreso tienen los mismos derechos laborales que cualquier otro empleado público o privado», afirmó.
Aunque el secretario general del sindicato asegura que el pago del bono está dentro del marco de la ley, reconoce que la percepción ciudadana puede ser negativa. «Entendemos que esto genera especulación, pero todo está regulado por la normativa vigente», concluyó.
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