Con el respaldo de 33 congresistas, se formalizó ante el Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad contra la norma que prohíbe la publicidad estatal en medios privados.
La bancada de Peruanos por el Kambio presentó ante el Tribunal Constitucional la anunciada acción de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe al Estado contratar publicidad en medios de comunicación privados.
El portavoz del grupo oficialista, Gilbert Violeta, dio cuenta a través de Twitter de la formalización del recurso contra la norma que el Congreso de la República aprobó por insistencia en último jueves y que fue promulgada el pasado lunes.
Tal como lo prometimos acabamos de presentar la Demanda de Inconstitucionalidad de la #BancadaPPK contra la #LeyMulder, gracias al respaldo de 33 Congresitas. #LibertadDePrensa #DerechoDeInformación pic.twitter.com/L82qgmNhZs
— Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 20 de junio de 2018
La referida demanda cuenta con el respaldo de 33 parlamentarios de diferentes agrupaciones, como Nuevo Perú, Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Acción Popular y varios de los no agrupados.
En el documento, la demanda sostiene que la Ley N°30793, de autoría del aprista Mauricio Mulder, “contraviene diversos derechos consagrados en nuestra Constitución Política, así como la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Le denominada ‘Ley Mordaza’ fue aprobada por insistencia en el Legislativo pese a las observaciones que realizó el Ejecutivo durante la administración del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Gracias a los colegas de #APP, #AP, #NuevoPerú, #FrenteAmplio y los #NoAgrupados que apoyaron con sus firmas en defensa de la democracia y la libertad de información. ¡Gracias! pic.twitter.com/12GqadRIdF
— Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 20 de junio de 2018
Precisamente esta tarde, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra también anunció que este jueves presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra la norma en mención por colisionar contra una serie de derechos.
“Vulnera derechos a la información, libertad de contratación con fines lícitos, igualdad en el ejercicio del derecho a recibir información sobre las actividades de los órganos estatales, a la libertad de expresión, restringe la obligación estatal de garantizar el derecho de toda persona a recibir información del Estado”, dijo el ministro de Justicia, Salvador Heresi, en conferencia de prensa.
